La Audiencia juzga a partir de mañana al ex alcalde de Paiporta Bartolomé Bas por presunta prevaricación y malversación

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El martes comenzará en la Audiencia de Valencia el juicio contra el ex alcalde de Paiporta entre 1979 y 2007, Bartolomé Bas (PSPV). El Minisiterio fiscal solicita 6 años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y continuado de malversación de caudales públicos “al menos entre 2003 y 2006”.
En el proceso también constan como acusados los entonces concejal de Urbanismo, el técnico de Personal, la concejala de Servicios Sociales y esposa del alcalde, la concejala de Interior y dos encargados de la Brigada de obras y servicios del Ayuntamiento que desempeñaban el cargo en ese periodo.

Según la fiscal, “al menos” en esos tres años, los acusados, “puestos de común acuerdo y prevaliéndose de su cargo, utilizaron, autorizaron, ordenaron y consistieron la utilización en beneficio propio y de terceros para fines particulares de fondos, efectos, servicios y recursos humanos del Ayuntamiento de Paiporta”.

En su escrito, sostiene que Bartolomé Bas Tarazona y su esposa y por entonces concejala de Servicios Sociales, Emilia Soler, ordenaron a través del carpintero municipal la realización de “tareas de limpieza de su chalé, ubicado en Monserrat, así como tareas de jardinería, pintura, fontanería, albañilería, transporte de materiales de construcción y leña a trabajadores del Ayuntamiento”.

Estos, “dentro de su horario laboral al servicio del Ayuntamiento, acudían en vehículos municipales o trasladados” por un encargado para llevar a cabo las tareas encomendadas.

Además, el entonces concejal de Urbanismo, Juan José González Jarque, ordenó en mayo de 2005 a empleados municipales en su horario laboral trabajos de albañilería y colocación de puertas en la vivienda de un familiar.

Asimismo, González Jarque y el encargado de la Brigada de obras y servicios, Juan Antonio Martínez Juan, “permitían y ordenaban, con conocimiento del alcalde, la carga de garrafas de combustible” en diferentes gasolineras “con cargo a los fondos municipales” y “para fines particulares”, sumando el importe total de lo repostado alrededor de 11.500 euros.

El Ministerio Público también sostiene que, en septiembre de 2006, la concejala de Interior, Elisa Cerrillo, realizó una mudanza particular con la ayuda de cuatro trabajadores municipales “durante su horario laboral y utilizando para ello vehículo municipal”, y que el empleado de la Brigada de obras Juan Fernández García percibió “altas gratificaciones dispuestas por el alcalde por sus servicios”.

Por otro lado, el exalcalde y el técnico de Personal por entonces, Pedro Rajadell, convinieron en la “creación de un nuevo puesto de trabajo inexistente” hasta ahora -el de coordinador de Obras y servicios- para “favorecer económicamente” al concejal de Urbanismo, “incrementando así su salario y a sabiendas de su manifiesta injusticia”.

Para el exalcalde y el concejal de Urbanismo, la fiscal solicita sendas penas de seis años de prisión y dieciocho de inhabilitación absoluta, ocho de ellos para el desempeño de empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación y continuado de malversación de caudales públicos.

Por un delito continuado de malversación, reclama para la concejala de Servicios Sociales y esposa del alcalde, el encargado de la Brigada municipal de obras y servicios y un empleado de la misma penas de prisión de entre cinco y seis años, además de diez de inhabilitación absoluta.

Asimismo, pide ocho años de inhabilitación para el técnico de Personal, por un delito de prevaricación, y 7.500 euros de multa y dos años de suspensión de empleo o cargo público por un delito de malversación para la concejala de Interior.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Paiporta en la cantidad de 11.425 euros por el combustible repostado a costa de las arcas municipales y en una cantidad que queda por fijar por el importe de las horas laborales que los trabajadores municipales emplearon en la realización de las tareas particulares encomendadas por los acusados.

También deberán devolver 33.836 euros por “gratificaciones indebidas” entregadas a funcionarios por los servicios prestados.

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