La Audiencia de Valencia ha ratificado la condena de 5 años de prisión y una multa de 9, 2 millones de euros al representante francés de futbolistas Alain Migliaccio, que fue agente, entre otros, de Zinedine Zidane, por defraudar durante dos años 2, 5 millones a Hacienda con empresas en un paraíso fiscal.
La sentencia, hecha pública hoy, confirma el fallo del Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia dictado en mayo, aunque estima en parte el recurso de apelación presentado por el abogado de Migliaccio respecto a la responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión por cada uno de los delitos, que deja sin efecto.
Migliaccio, que ejerció también la representación de otras figuras de la selección francesa como Laurent Blanc o Joselyn Angloma, se trasladó a España en 1997 y tres años después se instaló en una urbanización de la localidad valenciana de Paterna.
Las favorables circunstancias del mercado de futbolistas durante esa etapa, gracias a la libre circulación de jugadores europeos propiciada por la "ley Bosman" y el éxito de una generación de futbolistas franceses a los que representaba, dieron un importante impulso a su carrera.
De esta forma, con el propósito de eludir los impuestos que afectaban a sus crecientes ingresos, el acusado resolvió desviarlos a la República de Panamá, territorio clasificado como paraíso fiscal, según la sentencia.
Allí, añade, a través de una empresa especializada, integró su actividad profesional en ISLC, una sociedad pantalla con domicilio fiscal en Londres pero sin sede real.
Además, suscribió un acuerdo con la entidad "Coleman International", que junto a ISLC creó una asociación denominada "The Coleman Group", lo que le propició un soporte jurídico para ejercer su actividad.
En el entramado que generó, según recalca la sentencia, Migliaccio aparentaba trabajar como agente de la ISLC, de la cual cobraba un sueldo en forma de comisiones por las operaciones que cerraba con éxito.
Destaca, asimismo, que estas comisiones representaban el 5 % real de sus ingresos. El resto, obtenido también mediante su intervención en fichajes y en contratos de derechos de imagen, fue a parar a las cuentas que tenía abiertas en paraísos fiscales, eludiendo así al sistema tributario español.
Mediante este procedimiento, el acusado obtuvo unos ingresos de 3, 2 millones de euros en el año 2000, de los cuales únicamente declaró 91.561, mientras que en el 2001 obtuvo 2, 9 millones y declaró 347.735 euros.
El juzgado de lo Penal le declaró autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, con una pena de dos años y medio de prisión por cada uno de ellos y una multa total de 9, 2 millones de euros, debiendo además indemnizar al Ministerio de Hacienda con la cantidad defraudada.
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