La Asociación Clara Campoamor pedirá al Ministerio del Interior que reactiven la búsqueda de Antonio Anglés

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La Asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular en el juicio sobre el crimen de Alcàsser, pedirá hoy martes en una reunión con responsables del Ministerio del Interior que reactiven la búsqueda de Antonio Anglés, cuyo delito podría prescribir este año al cumplirse el plazo de 20 años que prevé la ley.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han informado de que el fiscal y el juez del caso aún no han decidido la fecha a partir de la cual se contabilizará la prescripción del delito.

Según estas fuentes, el fiscal y el juez deben recabar la jurisprudencia para determinar el momento “jurídicamente indiscutible” a partir del cual prescribe el delito: si fue cuando desaparecieron las niñas, cuando fueron encontrados los cadáveres o incluso cuando se produjeron las detenciones.

El 12 de mayo de 1997, arrancó el juicio contra el único encausado, Miguel Ricart, quien, tras 49 vistas judiciales y la comparecencia de un centenar de testigos, fue condenado cerca de cuatro meses después -el 5 de septiembre- a 170 años de prisión por el asesinato y violación de las víctimas.

Durante el juicio, el tribunal consideró que aunque Antonio Anglés fue el autor material de los crímenes, Ricart estuvo presente y no hizo nada por evitarlos y, además, se le declaró culpable de cuatro delitos de violación por atacar sexualmente a una de las niñas y sujetar a las víctimas mientras otra persona, supuestamente Anglés, las forzaba.

En julio de 2005, la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial del Estado con relación al caso por la concesión en 1992 del permiso penitenciario aprovechado por Anglés para darse a la fuga.

Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, ha asegurado que Ricart no saldrá de prisión hasta 2024 porque tanto la Audiencia de Valencia como el Tribunal Supremo y el Constitucional le dio la razón a la asociación cuando pidió que se le aplicara la “doctrina Parot”, que adjudica los beneficios penitenciarios sucesivamente a cada condena y no sobre el máximo de 30 años de cumplimiento.

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