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La anulación judicial de planes urbanísticos en Alboraia y Benetússer podría costar a la Generalitat cerca de 3 millones

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha comparecido hoy ante la prensa junto al director general de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluis Ferrando, para informar de que, en estos momentos, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial a las que se enfrenta la Generalitat superan los 316 millones de euros. Una cantidad que Salvador ha calificado de “hipoteca urbanística” dejada por “20 años de gestión nefasta y negligente” del PP.

161019-rueda-de-prensaSe trata de más de 60 reclamaciones que se encuentran en los tribunales promovidas por propietarios y promotores de proyectos que dependían de planes urbanísticos anulados por los juzgados tras demostrar que se habían tramitado de manera incorrecta por los anteriores gobierno autonómicos. Esas más de 60 reclamaciones se corresponden con una veintena de planes anulados o suspendidos por un tribunal a lo largo de toda la Comunitat Valenciana y aún hay, ha dicho la consellera, otros que están por resolverse aún.

En total, más de 316 millones reclaman las personas afectadas en concepto de responsabilidad patrimonial a la Generalitat. Una cifra que, para Salvador, “podría suponer un torpedo en la línea de flotación” de las finanzas del Gobierno autonómico. Entre esa veintena de planes anulados, se encuentran dos que afectan a la comarca de l’Horta y que han originado también reclamaciones que están ya en los tribunales.

Se trata, por un lado, del plan urbanístico que acompañaba el soterramiento de la Línea 3 del Metro a su paso por Alboraia. Su suspensión ha ocasionado demandas en las que se exige a la Generalitat un total de 2.020.796,08 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Por otro lado, en Benetússer se ha suspendido la aprobación definitiva de la homologación de su Plan General. Eso propició la reclamación de una persona que había suscrito un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de la localidad condicionado a la aprobación del planeamiento. Al no haberse aprobado, finalmente, reclama los gastos habidos y los perjuicios que se le han producido. En total, reclama 736.264,28 euros.

Aunque estas cantidades son las que reclaman los afectados y no se trata de sentencias firmes, la consellera ha explicado que la Generalitat tratará de recurrir los autos que le sean desfavorables aunque ha reconocido que no tienen demasiada esperanza en ganar esas batallas judiciales porque, ha dicho, fue la Generalitat la que tramitó de manera “negligente” muchos de esos planes ahora anulados.

En ese sentido, se ha referido a dos causas principales por las que los diferentes planes han ido siendo tumbados en los juzgados. Por un lado, el haberlos aprobado sin tener en cuenta los informes preceptivos de las confederaciones hidrográficas y, por otro, haberlo hecho sin atender a los estudios de impacto ambiental.

Ante esto, Salvador ha indicado que es necesario “levantar esta Comunidad y recuperar el prestigio perdido estos años, necesitamos poner en valor nuestro territorio tan castigado durante la burbuja inmobiliaria”, y ha manifestado que “el nuevo Consell ha adoptado ya varias medidas para evitar estos errores del anterior Gobierno”.

En este sentido María José Salvador ha subrayado que en el actual Gobierno las tramitaciones se hacen con absoluto rigor y los informes técnicos se respetan, porque se han acabado los tiempos en los que los proyectos se aprobaban sin los informes preceptivos, se obviaba la normativa o no se tenían en cuenta informes técnicos”.

A juicio de la consellera, “facilitar las inversiones y aportar seguridad jurídica a los inversores supone recuperar la seriedad en las formas de trabajar. Damos seguridad a los inversores porque este Consell cumple la ley y aporta los informes correspondientes, mientras que el antiguo Gobierno ha provocado una avalancha de sentencias que anulaban los planes aprobados”.

Urbanismo sostenible

“El actual Gobierno -ha continuado Salvador- cree en el urbanismo sostenible, en los crecimientos mesurados y por eso una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue dar carácter vinculante a la Estrategia Territorial Valenciana porque queremos que sea la base real del planeamiento, la sostenibilidad de nuestro territorio es esencial y no queremos crecimientos futuros que no estén justificados por los intereses generales”.

Además ha insistido en que “los tiempos de la improvisación se han acabado, queremos un nuevo escenario productivo y, por ello, necesitamos planificar un nuevo territorio más eficiente, habitable, cohesionado con las infraestructuras y al servicio de la nueva economía”.

Como ejemplo se ha referido a que en los 20 años de gobiernos anteriores no se ha tramitado ningún Plan de Acción Territorial de las Áreas Metropolitanas y, en cambio, “ahora ya hemos empezado la redacción del Plan de Acción Territorial del área metropolitana de Valencia y en breve presentaremos en Castelló y Alicante. Estamos hablando de planes para satisfacer la demanda de suelo en un horizonte de 2036 para evitar los estrangulamientos de la oferta y los procesos especulativos”.

En este plan se identificarán y ordenarán los suelos estratégicos que sean más idóneos por accesibilidad, presencia o proximidad a dotaciones o porque su posición los hacen más apropiados para la implantación de equipamientos o proyectos de dinamización del territorio. También se realizará un detallado estudio del territorio, de las necesidades comerciales, residenciales e industriales para situar aquellos espacios que sean más aptos por su comunicación y que tengan menos impacto medioambiental.

En resumen, ha apuntado Salvador, “esto permitirá saber cuáles son los puntos más convenientes para instalar nuevos crecimientos, nuevas infraestructuras de movilidad o proyectos comerciales”.

Planificación integral

En definitiva, “tenemos una nueva vocación del territorio basada en su planificación integral, es necesario resetear el urbanismo y la planificación en la Comunitat para hacer las cosas bien lejos de la improvisación y las locuras que nos han costado y van a costar muy caras para nuestra economía pero también para nuestro territorio que ha sido el gran perjudicado”, ha manifestado la consellera.

Por último, Salvador ha insistido en que “la seriedad y rigurosidad es fundamental en las decisiones y tramitaciones de este Gobierno. Hemos iniciado el camino para recuperar el prestigio y superar la hipoteca reputacional de la Comunitat”.


 
 
 

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