La alcaldesa y la edil de Seguridad de Paiporta, investigadas por no readmitir a 3 policías que lograron la plaza

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El próximo mes de noviembre la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y la concejala de Seguridad, Beatriz Jiménez, tendrán que acudir al Juzgado de Torrent para declarar en calidad de investigadas por supuesta prevaricación administrativa al no acatar una sentencia de lo Contencioso Administrativo que obligaba a readmitir a tres policías que lograron la plaza por concurso iniciada en época del anterior gobierno local del PP

Foto de archivo de la policía local de Paiporta.

En 2009, cuando aún gobernaba el PP, el Ayuntamiento de Paiporta aprobó una oferta de empleo público en la que se contemplaba la creación de dos plazas de Policía Local, aunque en el desarrollo de esa oferta, en 2011, se aprobaron y se publicaron dos convocatorias en las que se ofrecía un total de seis plazas.

“Los exámenes se convocaron en medio de varias irregularidades, tales como la composición del tribunal, sin miembros del Ivaspe ni de la Generalitat, e íntegramente compuesto por personas allegadas al alcalde y nombrados a dedo”, según ha explicado Isabel Martín.

“Tras el recurso de uno de los opositores, el secretario municipal emitió un nuevo informe en el que insistía en que solo había dos plazas disponibles, y tras perder las elecciones, el anterior alcalde deshizo todo el proceso por decreto y dejó solo las dos plazas iniciales”, según el relato de la alcaldesa.

El actual equipo de gobierno formado por Compromís, PSPV y PodEU recibió varias reclamaciones por parte de los afectados, los opositores, y decidió preguntar cómo actuar al Consell Jurídic Consultiu.

Este órgano consultivo de la Generalitat, siempre según la alcaldesa, “instó a anular todo el proceso por varias irregularidades, de modo que hemos actuado de acuerdo con este informe. Lo que sucede es que dos de los policías que quedaron fuera denunciaron en mayo, antes de que se emitiese dicho informe, y entendemos que el juez ha abierto esta investigación precisamente porque desconoce la existencia del dictamen del CJC”.

Por este motivo confia la alcaldesa confía en que, una vez entregada la documentación al juzgado, queden sin efecto tanto su citación como la de la concejala Beatriz Jiménez.

Martín defiende que el Consistorio ha actuado de buena fe y que incluso reservó plazas en el Ivaspe para que todos los policías que pasaron la selección pudiesen completar el periodo de prácticas, en caso de que el Consell Jurídic Consultiu confirmase la validez de esas oposiciones.

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