La alcaldesa de Torrent, “satisfecha” tras declarar ante el juez por el caso de las instalaciones deportivas de Parc Central

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La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha acudido a los juzgados de Torrent a prestar declaración por la denuncia presentada por Gaia, la empresa concesionaria de las instalaciones deportivas de Parc Central y que debe al Ayuntamiento más de 1’3 millones de euros, por una presunta prevaricación presentada por la empresa contra la Junta de Gobierno.

Tras salir de los juzgados, Folgado explicó a Hortanoticias su “satisfacción por poder explicar al juez todo lo que ha sucedido con la empresa concesionaria de la instalaciones deportivas de Parc Central. He contestado a todas las preguntas del juez y a las preguntas que me ha formulado el abogado de Gaia bajo las directrices de nuestro abogado. Tenía ganas de explicar mi versión de los hechos”.

Sobre el contenido de la declaración o sobre las preguntas formuladas por el juez o por la parte denunciada, Folgado solo quiso reiterar “mi máximo respeto al proceso judicial y confianza en la pronta resolución de este tema”.

La declaración de la alcaldesa de Torrent se produce 10 días antes de lo anunciado ya que en principio el juzgado había citado a declarar a la alcaldesa el próximo 26 de enero de 2015, el mismo día que otros dos concejales, mientras que el resto de ediles tenían previsto hacerlo los días 27 y 28 de enero.

La declaración se produce como consecuencia de la denuncia presentada contra la alcaldesa de  Torrent,  Amparo Folgado, y los 8 concejales que forman la junta de gobierno por la empresa que gestiona las instalaciones municipales apenas 45 días antes de que el Ayuntamiento de Torrent pudiese solicitar la resolución del contrato.

Según explicaron a Hortanoticias fuentes municipales, la empresa adeuda al consistorio una cantidad de 1, 3 millones de euros que engloba el canon de dos años consecutivos (2013 y 2014) y el importe de alquiler de las instalaciones municipales que paga el Ayuntamiento para que los clubes deportivos puedan entrar al recinto, cantidad que cifraron entre 15.000 y 20.000 euros municipales.

Tras estos “incumplimientos”, la junta de gobierno decidió iniciar el proceso para la rescisión del contrato pero la empresa -que gestiona las instalaciones desde 2004- presentó una denuncia por prevaricación paralizando el proceso hasta que se produzca un dictamen judicial.

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