Indefensos pero confiados

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Es verdad que cuando pensamos en violaciones de Derechos Humanos, normalmente pensamos en Crímenes de guerra, o represalias posteriores…

Pero es importante señalar, que en el día a día, los ciudadanos también nos vemos privados de los llamados DDHH.

Como es el derecho a la vida, que conlleva la obligación del estado de proteger a los ciudadanos, lo que en nuestro caso se concreta, con la responsabilidad en la gestión de un servicio público.

Y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, falló en esa Gestión.

Falló al no pensar en la velocidad como un Riesgo, y no instalar las medidas de las que disponía para Garantizar la Seguridad de los Viajeros de la L.1.

Hay que tener en cuenta, que la obligación de proteger el derecho a la vida, implica realizar una investigación oficial eficaz.  Y no como la de 2006, que a los técnicos y directivos de Ferrocarrils de la Generalitat, se les facilitó el listado de preguntas que  se les iba a hacer, y las respuestas que debían dar. Es decir, se les dijo lo que tenían que decir, y se les presionó para que no se salieran del guión establecido.

Es más, se insistía diciendo que para que resultara creíble, todos los miembros de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, debían decir lo mismo.

De esta manera se nos negó el derecho a la verdad, a una investigación objetiva, sin ideas preconcebidas.

Apenas habían transcurrido 2 horas del accidente, y miembros del Gobierno Valenciano ya estaban diciendo que había sido un accidente consecuencia del exceso de velocidad, y negando cualquier responsabilidad más allá del conductor.

También se nos ha privado del derecho a un proceso con todas las garantías, en el que se tenga en cuenta todas las circunstancias que pudieron haber influido en el accidente, como el estado de la vía, el estado del convoy, el mantenimiento de las instalaciones y del convoy, o la falta de medidas de seguridad de la L1. Y no únicamente la velocidad, que es lo que hizo en 2006 la Jueza Nieves Molina.

Y en la Instrucción actual sigue la misma línea de actuación, negando cualquier otra vía de investigación que no sea la velocidad a la que iba el tren, y defendiendo su actuación anterior.

Esto vulnera nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, con un juez imparcial, que ofrezca las garantías suficientes como para excluir cualquier duda al respecto.

La jueza Nieves Molina no está cumpliendo el mandato de la Audiencia Provincial de “agotar la investigación, buscando la verdad, dejando inocuo el más mínimo resquicio de duda”… “de forma que las víctimas nunca puedan ni sospechar que no se hizo lo debido, y con ello se impidió descubrir el porqué de la muerte o lesiones de sus familiares más queridos.”

En su Auto de 20 de Enero de 2014, en el que ordenó la Reapertura de la Investigación, la sección Segunda de la Audiencia Provincial continua diciendo que  “No hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente”…“no puede dejarse indefensos a quienes en la legítima búsqueda de la verdad objetiva y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación”

Y así es como nos sentimos, indefensos ante la obstinación de la jueza Nieves Molina en no investigar, negándonos las respuestas que tanto necesitamos para poder cerrar por fin, y de una vez por todas, esta larga etapa de duelo.

Indefensos, pero confiados que al final prevalezca la justicia, y obtengamos la merecida reparación.

Rosa Garrote | presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio de 2006 |

 

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