La titular del Juzgado de Instrucción Nº6 de Paterna ha citado a declarar en calidad de imputados al alcalde de la localidad, Lorenzo Agustí, y a los cinco concejales del equipo de Gobierno que forman parte junto a él de la Junta de Gobierno (Sara Álvaro, Elena Martínez, María Villajos, Alfonso Romero y Vicente Sales), según ha informado el TSJ.
“La causa está abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con varios contratos de la empresa municipal Gespa que, según la denuncia presentada por la Fiscalía, no se ajustan al objeto social de la misma ni han sido adjudicacos por el procedimiento administrativo adecuado”, en palabras del Tribunal Superior de Justicia.
El Juzgado mantiene abierta esta causa a consecuencia de una denuncia presentada por la Fiscalía tras recibir, a su vez, una denuncia del grupo municipal Compromís per Paterna. En ella, según ha recordado el portavoz municipal, Juanma Ramón, se denunciaba la aprobación de la encomienda de marketing a Gespa de 2013, que incluía los gastos de los viajes a China para promocionar la Zona Franca, por 628.000 euros.
Ramón ha señalado que la imputación del alcalde y los concejales “se veía venir” y ha pedido a los seis que presenten su dimisión. “Hoy con esta imputación colectiva, de alcalde y cinco regidores, se ha dado un paso adelante para aclarar las irregularidades en la gestión del dinero público mediante la empresa pública Gespa, que ahora mismo está inmersa en un proceso de venta”, ha declarado el concejal de Compromís.
También el portavoz del PSPV, Juan Antonio Sagredo, ha pedido la dimisión del alcalde el cual, ha recordado, está ya doblemente imputado pues Agustí también tiene una causa pendiente en los juzgados por una denuncia que presentaron los socialistas sobre la adjudicación “a dedo” del contrato de redacción del proyecto del Auditorio.
El alcalde de Paterna no ha tardado en reaccionar y ha remitido un comunicado en el que muestra su convencimiento de que “el Ayuntamiento de Paterna ha actuado en todo momento con corrección” y ha añadido que tiene “absoluta confianza en la Justicia”. Tanto Agustí como el resto de concejales llamados a declarar en calidad de imputados “aportarán al juez toda la información necesaria para disipar cualquier duda que pueda existir al respecto”, han informado fuentes municipales.
A juicio del Gobierno municipal, la denuncia de Compromís per Paterna “forma parte de la estrategia desarrollada por este grupo político con el fin de obstaculizar el desarrollo del proyecto Zona Franca Comunitat Valenciana”. Este proyecto está considerado “clave” por el equipo de Gobierno para “fomentar la reactivación económica del municipio” y aseguran desde el Consistorio que “se ha trabajado intensamente en el mismo pero siempre de modo correcto”.
En un comunicado, han insistido en que, desde el inicio de la legislatura el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Paterna tiene como principal objetivo la reducción del desempleo. "Con este propósito, siendo Paterna un municipio eminentemente industrial, se consideró oportuno promover la creación de una Zona Franca, que sería la quinta de España y la primera de la Comunitat Valenciana. Este propósito se considera oportuno ya que se ha evaluado la capacidad de atracción de inversiones y creación de empleo de este tipo de instalaciones en todo el mundo", aclaran.
"Para conseguir la declaración de Zona Franca se ha realizado un enorme esfuerzo personal por parte del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, llegando al momento actual en que estamos a la espera del visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda. Durante este proceso desde la Agencia de Desarrollo Económico se han realizado las acciones oportunas para favorecer la consecución de este objetivo, siempre en el marco de la legalidad vigente", continúa el comunicado.
Por último, desde el Gobierno municipal, han explicado que "la encomienda de marketing, denunciada por Compromis, contiene diversas acciones destinadas a este objetivo. En este sentido, queremos recalcar que todas las contrataciones efectuadas se ajustan a la Ley de Contratos del Sector Público, como seguro tendremos la oportunidad de demostrar” y que, "en el propio acuerdo de Junta de Gobierno Local se acredita este extremo".
Lorenzo Agustí, María Villajos y Elena Martínez están llamados a declarar el día 1 de octubre a las 10.00 horas. El resto de imputados, es decir, Sara Álvaro, Vicente Sales y Alfonso Romero, lo harán a la misma hora el día 2 de octubre.
