El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Godella, formado por Esquerra Unida, Compromís y PSPV-PSOE expuso ayer a la ciudadanía el Plan Económico que presentará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para hacer frente a la sentencia que le obliga a pagar 11, 7 millones de euros (más los intereses) a la congregación del Sagrado Corazón de Jesús por la expropiación del parque de la Dehesa.
La propuesta, que se aprobará el próximo jueves 30 de enero en el pleno ordinario, consiste en el pago del importe total en fracciones anuales de 200.000 euros revisables cada tres años. Además, se prevé el pago complementario en especie con todos los bienes inmuebles de propiedad municipal, valorados en 3, 5 millones de euros.
Según explicó la concejal de Urbanismo, Lola Sánchez, “por una parte, la ley limita la imposición fiscal y el endeudamiento y, por otra, hay servicios esenciales y elementales para la cohesión social que no podemos dejar de prestar”.
Todo ello hace que ante situaciones como la que se presenta con la ejecución de la sentencia promovida por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, la capacidad de maniobra del Ayuntamiento sea “tremendamente angosta”.
Según explicó Sánchez, el 97, 74% del presupuesto está comprometido con la deuda pública, los gastos de personal y los servicios esenciales por lo que los gastos susceptibles de reducción son, únicamente, del 2, 26%, es decir, 202.541 euros. “Queremos que quede claro que es una sentencia que estamos obligados a cumplir y que será legal pero que, a este equipo de gobierno, le parece completamente injusta”, señaló el alcalde, Josep Manel San Fèlix. La sala de Villa Teresita congregó a un centenar de personas con representantes de colectivos, entidades sociales y partidos políticos.
“Quiero recordar que el portavoz del PP de Godella, que presume de representar al 50% de la ciudadanía, no está presente hoy aquí ni tampoco quiso formar parte de la comisión que se formó para preparar este Plan Económico”, comentó el concejal de Compromís Genís Ruiz mientras que la representante de EU, Paquita Mocholí, advirtió de que su partido no cree que se deba de pagar nada a la Iglesia y señaló que es el momento “para que la ciudadanía demuestre que, unida, puede más que una sentencia injusta”.
Por su parte, Salvador Soler, del PSPV-PSOE, aseguró que su partido “hará lo que haga falta para impedir que pongan en riesgo la calidad de vida y los servicios básicos de la ciudadanía de Godella, aunque haya que ir más allá de la legalidad vigente”.
Entre las intervenciones de los asistentes, la propuesta de una consulta ciudadana fue una de las más repetidas. También cobró fuerza la idea de la insumisión y la presión popular y se escuchó la voz de quien todavía confiaba en la posibilidad de un acuerdo con la congregación, prestándose incluso a intermediar en la causa para conseguir que la parte demandante se sentara a negociar, algo que en ningún momento ha querido hacer, según confirmaron desde el Ayuntamiento.
