Después de estos diez largos meses en los que España ha estado en un sin vivir buscando soluciones para la formación de un gobierno, todo parece que va volviendo a la normalidad. Por fin tenemos ministros y parece que el turrón nos lo comeremos sin sobresaltos. Sin embargo, cuánta energía derrochada por unos y otros y cuánta perplejidad han sufrido los españoles al observar cómo nuestros políticos cambian de opinión, dicen y se desdicen, afirman y niegan, ilusionan y decepcionan.
Pero no se trataría aquí de valorar si ha sido oportuna o no la decisión de apoyar la investidura de Rajoy; si era mejor la formación de un gobierno antes que ir a terceras elecciones, o si fortalecía a determinados grupos políticos y debilitaba a otros. De lo que se trata, es de comprobar cómo el ciudadano está ya hasta el gorro de ver toda una serie de desaguisados políticos, trifulcas y demás grescas que le conducen directamente al más absoluto hastío político. Algo por otra parte nada baladí, pues esta apatía y cabreo nacional no hace más que llevarnos al descrédito de una democracia a la que todavía le queda mucho por mejorar.
Digo yo, que si los españoles pagamos con nuestros impuestos el sueldo de los Diputados y subvencionamos las formaciones políticas ¿No tenemos derecho a exigir a los partidos que se doten de una normativa clara, eficaz y coherente ajustada a la Constitución?
Hace poco escuchaba al señor Albert Rivera, contestando a preguntas de Susana Griso, decir a modo de reflexión: “¿A los españoles de verdad les importa los estatutos de Ciudadanos; quién es el Secretario General del PSOE; quién va a suceder a Rajoy? Yo creo que no les importa nada. Hay que obviar los debates de partido que son legítimos pero no pueden marcar la agenda política de España”.
Nada me hizo alterar más, mi tranquilo despertar de aquel día. ¿Cómo un presidente de un partido político, aspirante a la Moncloa, puede ni siquiera juzgar por qué cuestiones nos interesamos españoles? Y lo que es peor ¿Cuál es el pensamiento político por el que se rige un dirigente que margina a priori la capacidad de análisis del ciudadano?
No lo sé, pero lo realmente cierto es, que precisamente el resultado de los debates internos de un partido político y la interpretación de su normativa, han sido los que han determinado la Investidura favorable a Mariano Rajoy. Hasta ese punto, pues, es importante que las formaciones políticas tengan unos estatutos claros y definidos.
La disyuntiva entre aplicar el artículo 36 de los Estatutos Federales del PSOE o hacer efectivo el artículo 68 de la Normativa Reguladora fueron los argumentos que el sector crítico por un lado y los seguidores a Pedro Sánchez por otro esgrimieron para controlar el partido, bien por medio de una gestora, los primeros, o por medio de la convocatoria del Comité Federal, los segundos. Finalmente el sector crítico con la Gestora al frente, terminó ganando esta pelea de gallos que nos tenía a todos los españoles en un ¡ay! Hasta que pudimos ver cómo la fumata blanca nos anunciaba que España tendría gobierno. Una decisión que por supuesto debe ser respetada ya que en una democracia representativa como la nuestra los órganos dirigentes de los partidos son los que avalan la política a seguir.
Esta televisada crisis del PSOE, que más pareciera una novela por entregas del más puro género del suspense, nos ha revelado muchas de las deficiencias existentes, no sólo en la formación socialista, sino en todos los partidos de nuestro país, ya sean viejos o nuevos que buscando su propio mercado electoral, pretendieron apropiarse del tan trillado término de la “regeneración”, que parece van abandonando.
Deficiencias en los órganos internos como es el caso de las Comisiones de Garantías, que encargadas de velar por los Estatutos y los derechos de los afiliados, hacen en muchos casos de su capa un sayo a la hora de defender la normativa interna y a aquellos afiliados, más o menos díscolos, que se atreven a poner en duda acciones personales de los cargos orgánicos o determinadas acciones políticas. Y es que no hay nada mejor que tener un eficaz instrumento para tenerlo todo atado y bien atado, sobre todo si sus miembros son nombrados por las cúpulas de los partidos. Aunque siguiendo el ejemplo socialista parece que, en lo que se refiere a las sanciones por romper la disciplina de voto, hay más unanimidad estatutaria; en esto no hay interpretaciones.
Y qué decir del incumplimiento de las promesas electorales. No habría aquí bastante espacio para detallar todas las promesas incumplidas por todos los partidos. Desde los viejos, ya doctorados en este menester, hasta los nuevos que progresan adecuadamente, nos ofrecen a todos uno de los factores más emblemáticos que hacen de esta cuestión la máxima responsable de la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia los partidos políticos y por extensión hacia la democracia. No es preciso abundar aquí cómo el PSOE a base de sangre, sudor y lágrimas cambiaba su discurso electoral del “no es no” a la abstención, o como Albert Rivera iba derivando primero con su negativa a Rajoy, pasando por la abstención, hasta decantarse por el voto afirmativo en un plis plas y sin despeinarse.
Estas deficiencias, que han entrado a formar parte del paisaje político español y que parece que se asumen como algo natural, requieren subsanarse por algún tipo de organismo externo e independiente, con el objetivo de garantizar, por un lado los derechos de los afiliados y el correcto cumplimiento de los Estatutos y por otro, auditar y analizar la viabilidad de los programas electorales, evitando así las enormes decepciones colectivas que nos aquejan a todos.
Visto lo visto, parece bastante conveniente recordar cuál es el verdadero papel que tienen los partidos políticos, que no es otro que canalizar la voluntad democrática de los ciudadanos hacia el control del Estado y sus gobernantes. Este maremágnum de conductas, ideas y comportamientos aconsejaría reformar la Ley de Partidos Políticos para que unificara criterios, velara por unos estatutos claros y definidos que obviaran la ambigüedad y sometiera a las formaciones políticas a un mayor control. Tarea ésta altamente complicada, sobre todo cuando ese autocontrol debe ser legislado por los propios partidos políticos; aunque no por ello debería abandonarse este objetivo, el cual se presenta fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia, puesto que los partidos políticos son los depositarios de la confianza de los españoles, y de ellos emanan los cargos institucionales y ejecutivos, que al fin y al cabo son los encargados de dirigir la política de nuestro país.
Así pues, a los españoles sí que nos preocupa el funcionamiento interno de los partidos políticos, a pesar de que venga ahora algún que otro político de la “nueva ola” aconsejándonos que tenemos que dormir una siestecita, cual oso en hibernación, para despertarnos únicamente a la hora de depositar nuestro voto. No seré yo quien valore la actitud de cada españolito de a pie cuando se trata de analizar la política española, pero desde luego somos muchos los que creemos que sí que debe de importarnos el funcionamiento interno de las formaciones políticas puesto que no sólo nos representan sino que son el reflejo de la ética y la moral de sus dirigentes; cuestión fundamental, pues son éstos los que se postulan para gobernar nuestro país.
María José Capilla | Foro de Opinión Salvador de Madariaga
