Las críticas de los representantes de Alaquàs, Albal y Quart de Poblet, los tres municipios socialistas que formaban parte del disuelto Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre sobre el informe jurídico presentado en el Pleno de disolución ha obligado a Amparo Folgado, presidenta del extinto ente, a volver a salir a la palestra y recordar que El Consorcio para el desarrollo de la TDT Local Pública no posee licencia en propiedad.
Folgado recordó que el informe jurídico afirma que ‘’el Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre no es titular de ninguna concesión administrativa para la prestación del servicio de televisión digital local por ondas terrestres, por lo que por el simple hecho de disolverse (el consorcio) no puede traer como consecuencia la pérdida de lo que no tiene’’.
La ex presidenta del ente afirmó que el secretario del pleno informó que el Consorcio “nunca ha poseído licencia desde sus comienzos, ya que no poseía la conformidad de todos los municipios de la demarcación, por lo que no se podría emitir en municipios en contra”. Además, según Folgado, el informe añade textualmente “que no disolver el Consorcio pero mantenerlo en hibernación, esto es, sin actividad, sin presupuestos y sin funcionarios no es una opción legalmente adecuada ni resulta viable formal y materialmente hablando, máxime cuando algunos Ayuntamientos ya han manifestado de algún modo su intención de salir del Consorcio’’, por lo que la propuesta de Quart de Poblet, Albal y Alaquàs de mantener el consorcio a coste 0, según Folgado, “sería legalmente inviable”.
Para Folgado, ‘las falsas acusaciones emitidas por los representantes de Albal, Quart de Poblet y Alaquàs, reflejan su deseo de mantener el producto mediático socialista, cuya puesta en marcha costaría a todos los vecinos de la demarcación un millón de euros de sus bolsillos’’.
Folgado ha reiterado que ‘’la única intención de disolver el ente es recuperar la cantidad económica correspondiente a la aportación inicial para destinarla a cuestiones sociales. Además, no queremos mantener un ente que obligue en un futuro a nuestros ciudadanos a pagar un millón de euros anuales por su mantenimiento’’.
