EUPV acusa al letrado de Emarsa de “salvaguardar los intereses del PP” por acción o por omisión

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El portavoz de EUPV en la EMSHI, Joan Antoni Pérez, ha acusado al que era secretario del Consejo de Administración de Emarsa, Blas J. Pérez Blesa, de “dejadez” mientras ostentó este cargo desde el año 1993, ya que, como él mismo aseguró “nunca se le ha dado traslado de los informes, circulares, oficios o auditorías” de dicha empresa pública.
Ante tan sorprendente declaración, recogida en un informe del pasado 18 de octubre, y ante la sospecha que despierta esta afirmación, el representante de EUPV ha solicitado una vez más que se amplíe la investigación de Emarsa que se está llevando a cabo a tal letrado, quien también, después de reiteradas peticiones, ha asegurado que el Libro de Actas del Consejo de Administración “se ha extraviado en fecha que no se puede precisar y por causas que se desconocen”.

Según EU, el propio Blesa asegura que este libro “venía diligenciado por este letrado” hasta el pasado mes de julio “y siempre se ha guardado en las oficinas de la sociedad (despacho de Presidencia-Gerencia) dado que el Secretario del Consejo no disponía de espacio propio en dichas oficinas”.

Además, Blesa dice que sólo “en una ocasión la Gerencia sometió a consideración de este letrado determinados contratos, a cuya instancia se emitió el informe jurídico correspondiente”.

Para el portavoz de EUPV, “este es el tipo de ‘profesionales’ que le gusta al PP tener en las empresas que dominan. Personas que, o bien hacen dejación de sus funciones o bien trabajan para salvaguardar los intereses del PP”. Así, ha añadido que Blesa ha estado trabajando para esta empresa desde 1993, cobrando 3.200 euros más IVA al mes, “y aún no sabemos a qué se dedicaba, si es que se dedicaba a algo”.

“Además dicho letrado tiene el descaro de exigir hasta 190.000 euros en concepto de indemnización por el cierre de Emarsa”, ha explicado Joan Antoni Pérez, algo que, a su juicio, está fuera de lugar, sobre todo si se considera que debía haber velado porque se cumpliera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en lugar de eso “dejó hacer” y ahora sabemos que en ningún proceso se contrató conforme a la legalidad.

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