El grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Mislata ha ampliado la denuncia que ya hiciera hace unas semanas en el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes para que se analice el convenio de rescisión del contrato con la empresa Lubasa después del último pleno extraordinario en el que el equipo de Gobierno volvió a hacer caso omiso a las advertencias de la Intervención Municipal sobre una posible lesividad económica para el erario público. 
El portavoz del PP, según EU, justificó el pleno extraordinario y la modificación de un párrafo del convenio, para evitar “que terceros pudieran denunciar al Ayuntamiento”. El concejal de EU Salvador García de la Mota asegura que "lo que no se atreve a decir el portavoz popular es que esos posibles "terceros" son ni más ni menos que los abogados de Lubasa que habrían de pleitear con el Ayuntamiento, en el caso de que, finalmente el Tribunal de Cuentas de la razón a EU y, como consecuencia, invalidara acuerdos de pleno que forman parte del expediente.
Para García de la Mota, "en realidad, está tan preocupado por los intereses de LUBASA que ha olvidado que fue elegido para defender los intereses de la ciudadanía de Mislata".
En este sentido, el concejal de EU recuerda el párrafo final del Informe de Intervención de fecha 3 de diciembre, en el se anuncia la posible lesividad económica para el ayuntamiento de Mislata: "Por intervención se considera que se han omitido las normas presupuestarias y de la contabilidad y que las omisiones, respecto a la indemnización al Ayuntamiento pudieran generar daño al erario público".
Ante lo que considera una “actitud partidista, obstruccionista y oscurantista” del equipo de Gobierno, el concejal de EUPV ha presentado en el Registro de Entrada (nº 64 de 14/01/2010) de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, para que sea remitido al Tribunal de Cuentas del Estado, un nuevo dossier de ampliación a la denuncia anterior, compuesto por cinco documentos para que dichos organismos actúen ante el posible prejuicio económico que supone la liquidación de Lubasa para las arcas municipales y la ciudadanía de Mislata.
Asimismo, y después de las últimas referencias de los informes y, como quiera que es el propio Pleno quien puede estar impidiendo u obstruyendo la potestad del ejercicio que indica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con referencia a la Revisión de disposiciones y actos nulos (art. 102 y 103) por lo que se refiere a la Declaración de Lesividad de actos anulables, el concejal de EU, solicita que el Tribunal señale, si procede, qué órgano superior al Pleno municipal es competente para realizar tal declaración de Lesividad.
