Esquerra Unida propone gastar el superávit de Aldaia en servicios y prestaciones públicas antes que en amortización de deuda

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Después de que el mes pasado el pleno municipal del Ayuntamiento de Aldaia aprobara cancelar tres prestamos y devolver a los bancos tres millones y medio de euros con cargo al superávit del 2015, aún quedan otros dos millones de remanente presupuestario que, según el grupo municipal de EU, “podrían emplearse en servicios y prestaciones públicas, si no existieran tantas trabas por parte del gobierno Rajoy”.

“Por eso, consideramos urgente sumarnos al movimiento estatal de municipios que reivindica frente al estado una mayor capacidad de los ayuntamientos para reinvertir las liquidaciones presupuestarias positivas en servicios y prestaciones a la población. Esta exigencia resulta además justificada, porque seguimos bajo mínimos en lo que respecta al gasto publico -social y no social- por habitante, en cuestiones tan básicas como el urbanismo y el medio ambiente o los servicios a las personas: sociales, educativos, de salud….”, señala el concejal de EU, Juanjo Llorente.

Para el portavoz de la formación de izquierdas, en Aldaia existen “innumerables necesidades concretas que permanecen sin atención municipal. Comenzando por la limpieza y recogida de residuos o el mantenimiento de parques y jardines, continuando por las carencias de personal municipal por ejemplo para inspección urbanística y medioambiental, así como para atender problemas sociales de diverso tipo y en particular el paro y la violencia de género. Y también faltan, además, infraestructuras básicas relacionadas con los servicios de agua y luz, transporte y vivienda, así como equipamientos suficientes en materia de educación infantil, residencia de mayores y centros para jóvenes y mujeres”.

“Precisamente, se da la circunstancia de que casi un tercio del presupuesto municipal actual se gasta en contratas con empresas que fueron seleccionadas por la baratura de sus servicios, unos servicios que no podemos olvidar se realizan a la población y no pueden ser de gran calidad y baratos al mismo tiempo. Razones por las que planteamos en nuestra moción que, en el caso de aquellas contrataciones de servicios que no se puedan remunicipalizar, al menos se empleen criterios sociales y medioambientales para las adjudicaciones”, declara Llorente.

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