La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) se enfrenta a sanciones de hasta 17, 3 millones de euros por el fraude cometido en el IVA por la empresa Emarsa, que gestionaba la depuradora de Pinedo.
Así lo ha indicado en un comunicado, el portavoz socialista en la EMSHI, Ramón Marí, que ha revelado que Hacienda ha impuesto una sanción por valor de 500.000 euros a la entidad por no presentar el Impuesto de Sociedades de Emarsa.
Además, tendrá que devolver a Hacienda 2, 4 millones de euros defraudados por la depuradora y se enfrenta a una sanción de otros 14, 4 millones de euros, lo que suma en total 17, 3 millones.
Marí ha lamentado que ese dinero "tendrá que salir de los recibos del agua de los vecinos o de las arcas de unos consistorios prácticamente arruinados por la crisis y los impagos del Consell".
Según Marí el informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa que tramita el juzgado de instrucción número 15 de Valencia, que investiga una supuesta estafa y malversación de fondos públicos en Emarsa, señala que las liquidaciones de IVA de 2006 a 2009 se basan en facturas no deducibles correspondientes a tres grupos.
El informe "explica que Emarsa dedujo incorrectamente el IVA de las cantidades abonadas a la trama de empresas de lodos que hincharon los precios, que lo hizo a empresas que en realidad no realizaron los servicios o suministros y que dedujo gastos de regalos, viajes y restaurantes que no son deducibles", según Marí.
Marí ha recordado que según el informe de Hacienda, reproducido en el auto de 3 de enero de 2012, las cantidades defraudadas por Emarsa fueron: 587.986, 90 (2006), 810.881, 34 (2007), 573.481, 01 (2008), 422.481, 01 (2009), un total de 2, 4 millones de euros.
El informe alude al artículo 305 del Código Penal que castiga "con pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía" a quienes por acción u omisión defrauden a la Hacienda Pública estatal excediendo la cantidad de 120.000 euros.
Para los socialistas valencianos esta situación es "extraordinariamente grave por el prejuicio económico que provocará en los consistorios de Valencia y el Área Metropolitana".
Marí ha recordado que esta sanción de más de 17 millones de euros "deberá sumarse a los 17 millones de agujero que dejó Emarsa cuando fue disuelta, y a los más de 40 millones que en el periodo en el que (Enrique) Crespo fue presidente se gastaron sin justificación en una empresa que podía ser perfectamente rentable bien gestionada".
