La Fiscalía de Valencia ha pedido penas de 14 años de prisión por el caso Emarsa para el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y los ex altos cargos de la Generalitat Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer.
Según consta en el escrito de acusación hecho público hoy por el Ministerio Público, de 681 folios, se considera como máximos responsables del desvío de 23 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Emarsa) a los entonces gerente, Esteban Cuesta, y presidente, Enrique Crespo, y a Morenilla y Bernácer.
Para Crespo, Morenilla y Bernácer se reclama una pena de 14 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, mientras que para Cuesta pide 12 años por los mismos delitos más el de cohecho.
Los acusados deberán hacer frente además, de forma conjunta y solidaria hasta completar la totalidad de la misma, a una indemnización superior a los 30 millones de euros.
La instrucción del caso Emarsa ha determinado la existencia de una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para detraer más de veintitrés millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).
Los hechos habrían sido cometidos a través de distintas empresas, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) o la Entidad Pública de Saneamientos Residuales (Epsar).
El resto de procesados, veinte, se enfrenta a penas de 8 años por malversación y falsedad, como el caso de Juan Carlos Gimeno, Vicente Ros, José Luis Sena y Enrique Sena; de 7 años en el caso de Enrique Arnal, Daniel Calzada y Adolfo Polo; 6 en los casos de Santos Peral, Ignacio Martínez y Rafael Quiles; y 5 para Antonio José Arnal, Vicente Tomás, Eva María Marsal, Sebastián García, Luis Botella, Ana María Ríos y Leonor Moreno.
El fiscal reclama asimismo penas de cuatro años por los delitos de falsedad, malversación y cohecho para José Ramón Cuesta, Juan Manuel García de tres años y seis meses para María Paz García, acusada además de blanqueo de capitales.
La indemnización que reclama el Ministerio Público contempla 22.698.612 euros para compensar a la EPSAR (empresa pública dependiente de la Generalitat) para financiar los gastos de la explotación y gestión de la depuradora de Pinedo que fueron desviados a los patrimonios personales de los procesados.
También a una indemnización de 8.194.472 euros a la EMSHI (empresa pública dependiente de varios ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, incluida la capital) por los dos millones que en concepto de subvención entregó a Emarsa para corregir el déficit de explotación y los perjuicios derivados del proceso de liquidación de la empresa.
En el abono de las citadas subvenciones, el fiscal establece que Cuesta, Crespo, Morenilla, Bernácer y Arnal deberán hacer frente a la totalidad de la misma (de forma solidaria), mientras que al resto de imputados se les fijan límites por debajo de la mitad de estas cantidades.
Por último, se reclama que los condenados se hagan cargo de las costas de este proceso, cuya instrucción se prolonga ya durante más de tres años.
Me parece bien la sentencia.
Matizo: Yo le hubiera puesto 14 años, a trabajos FORZADOS.
a los partidos politicos/sindicatos, se viene a trabajar por el pueblo, NO a ROBARLES.
Espero este mucho tiempo inhabilitado para cualquier cargo publico. Yo tambien tengo derecho a ocupar un cargo publico y soy HONESTO, TRABAJOR Y SERVIDOR DEL PUEBLO.