El TSJCV da la razón al PSPV y decreta la segunda paralización cautelar del Nou Mil•lenni en base al “necesario desarrollo sostenible”

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La sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV de la Comunitat Valenciana ha decretado la segunda paralización cautelar del PAI Nou Mil•lenni a partir del recurso interpuesto por el PSPV. El auto señala que la no paralización de la ejecución del planeamiento podría entrar en conflicto con otros dos derechos constitucionalmente protegibles: la necesaria sostenibilidad del desarrollo y la defensa del medio ambiente.

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El auto advierte de que no es posible la homologación de planes anteriores a la entrada en vigor de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), cuando se pretende reclasificar suelo “y mucho menos suelo clasificado como no urbanizable especialmente protegido. Si fuera así se habría incumplido la ley de ordenación y protección del Paisaje.

“(…)la jurisprudencia tradicional ha denegado la suspensión cautelar de los planes urbanísticos fundándose en el prevalerte carácter público del planeamiento, mas poco a poco, ante la evidencia de lo ocurrido, se va abriendo paso una línea que cuestiona la denegación casi automática y entra a valorar las circunstancias concomitantes, sobre todo en aquellos casos como en el presente en los que, a través de la iniciativa privada se redacta y se promueve un planeamiento que reclasifica una enorme cantidad de suelo no urbanizable y modifica radicalmente la estructuras territorial de la ciudad”, manifiesta el auto.

Para esta segunda paralización, el juzgado tiene en cuenta dos cuestiones “esenciales”: la entidad de que se pretende actualizar mediante un simple plan parcial y la insuficiencia de recursos hídricos.

En cuanto al primer asunto, la magnitud del PAI, el auto recuerda que afecta a una “notable superficie” de 1, 5 millones de metros cuadrados, “en la que se pretende ubicar 11.495 viviendas, lo que en principio implica un índice de ocupación de 34.377 personas. Piénsese que la ciudad de Catarroja, a 1 de enero de 2007, tenía una población de 25.650 personas”, por lo que con “un simple plan parcial, a iniciativa particular, se pretende incrementar la población del municipio en un 138 por ciento”.

Por ello, la sala del tribunal reconocer que supone “un incremento de tal naturaleza, que va a provocar necesariamente alteraciones tan consistentes en la geografía, las relaciones sociales, las necesidades, los servicios y la ciudadanía, que sólo puede canalizarse a través de un Plan General”.

Así advierte que lo que está en cuestión es el principio del desarrollo sostenible, “con torres de hasta 25 alturas, que nada tiene que ver con la morfología del tejido urbano de Catarroja”.

En cuanto a la insuficiencia de recursos hídricos, se refiere al informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pero también a los condicionantes que establece la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos). A su juicio el informe de este segundo organismo “establece unas condiciones sustanciales de incierto cumplimiento y en cualquier caso, ajenas a los promotores del plan”.

A partir de ahora, las partes implicadas -Conselleria de Medio Ambiente y Ayuntamiento-disponen de cinco días para interponer sus alegaciones a la paralización cautelar de uno los proyectos urbanísticos más polémicos de la Comunitat Valenciana.© Sandra Quintero//Hortanoticias

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