El TSJ ordena al Ayuntamiento exigir a Carlota Navarro el dinero percibido “indebidamente” cuando era concejal de Urbanismo

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La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha dictado sentencia por la que insta al Ayuntamiento de Rocafort a que inicie los trámites necesarios para exigir a la edil y diputada provincial Carlota Navarro el dinero percibido “indebidamente” del Consistorio entre 2003 y 2007 cuando ostentaba el cargo de concejal de Urbanismo.
La sentencia responde a la apelación del grupo socialista del Ayuntamiento contra la sentencia dictada en marzo de 2010 por el tribunal contencioso-administrativo número 2 de Valencia que desestimó el recurso presentado por los socialistas contra la supuesta desestimación de la petición que realizaron al Consistorio en 2008 para que determinara la cantidad percibida por Carlota Navarro de manera indebida y procediera a exigirle su devolución.

Ahora, el TSJ ha admitido el recurso y ha revocado la sentencia del contencioso-administrativo dando validez a la solicitud del PSPV ante el Ayuntamiento de Rocafort para que exija a la concejal la devolución de una cantidad que, según los socialistas, podría sumar 25.500 euros.

Al parecer, entre 2003 y 2007, Navarro compaginaba su labor como diputada provincial en la Diputación de Valencia con la de concejal de Urbanismo en Rocafort. Sin embargo, por aquella cobraba un salario correspondiente a dedicación exclusiva y, del Ayuntamiento de Rocafort, estuvo percibiendo unos ingresos fijos mensuales que no se correspondían, como intentó justificar la demandada, a indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones.

Demanda del PSPV

El grupo socialista del Ayuntamiento, entre 2007 y 2011, encabezado por la actual alcaldesa, Amparo Sampedro, denunció ante el Pleno de la Corporación ya en 2007 (pleno en el que los concejales del anterior Gobierno municipal aprobaron sus sueldos de 1.000 euros al mes) que la concejala Carlota Navarro no podía cobrar ese sueldo como tampoco debió hacerlo en el cuatrienio anterior.

La que fuera portavoz del grupo socialista y ahora alcaldesa de Rocafort ha explicado que, antes de presentar la demanda ante los tribunales, solicitaron por escrito al anterior alcalde que reclamara a Navarro el dinero que había cobrado indebidamente y al departamento de Intervención, que valorara qué cifra sumaba ese dinero pero no obtuvieron respuesta.

“A la vista del silencio tanto de él como del concejal de Hacienda (actual portavoz del PP en el Ayuntamiento), también conocedor del asunto, recurrimos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que la desestimó. Pero estábamos convencidos de que esa sentencia contenía errores importantes y seguimos adelante presentando un recurso de apelación”, señala Sampedro.

En ese sentido, la alcaldesa explica que el fallo del TSJ pone de manifiesto esos errores, anula aquella sentencia y obliga al Ayuntamiento a que proceda con el trámite para que la concejala reintegre las cantidades indebidamente cobradas del erario público.

“Los concejales socialistas queríamos que ese dinero volviera al Ayuntamiento porque sabíamos que había sido cobrado indebidamente; y ahora, como alcaldesa, cumpliré la sentencia”, ha explicado Sampedro.

Por su parte, desde la Dirección del PSPV-PSOE de Rocafort han señalado que esta sentencia “favorece a todos los vecinos de Rocafort y es fruto del trabajo del grupo municipal socialista que dedicó dinero de su bolsillo para defender los intereses de los vecinos. Sin embargo, el Ayuntamiento utilizó para defender lo indefendible recursos públicos. Y eso debería hacernos reflexionar a todos”.

“Los socialistas de Rocafort confiamos en que la concejal Carlota Navarro cumplirá con su deber. No hacía falta haber esperado tanto tiempo, ella sabía que los salarios que había percibido durante cuatro años incumplían lo establecido en el marco legal.

De hecho, renunció a su salario de 1.000 euros mensuales poco tiempo después de que el grupo municipal socialista denunciara el asunto por primera vez ante el Pleno (octubre de 2007) en el que se fijaron los salarios del equipo de gobierno municipal del que ella formaba parte. ¿Por qué lo hizo si estaba convencida de que lo que venía haciendo durante los cuatro años anteriores era legal?”, se preguntan desde el PSPV.

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