El TSJ confirma que la Ordenanza de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos aprobada por Borruey se ajustaba a derecho

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El Ayuntamiento de Paterna ha recibido esta mañana dos sentencias que desestiman los recursos interpuestos contra la Ordenanza de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos aprobada por el anterior equipo de Gobierno (PSOE-EU) en diciembre de 2006. Uno de estos recursos fue interpuesto por Lorenzo Agustí antes de convertirse en alcalde.
A última hora de esta mañana el consistorio ha recibido la notificación de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto al recurso administrativo promovido por cinco vecinos de Paterna contra la ordenanza mencionada.

La sentencia del magistrado ha sido desestimatoria y por tanto contraria a los intereses de estos vecinos demandantes y a favor del Ayuntamiento.

La sentencia ha llegado el mismo día en que el alcalde ha dado cuenta de otra sentencia, esta vez de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJ, desestimatoria también de un recurso similar presentado en 2007 por el propio Lorenzo Agustí Pons y otros 293 vecinos de Paterna, antes del cambio de gobierno propiciado por las elecciones de mayo de 2007.

Si bien ambas sentencias fallan a favor del demandado –el Ayuntamiento-, lo cierto es que existen diferencias importantes en sus valoraciones. La sentencia de la Sección Tercera no se pronuncia sobre la legalidad de la ordenanza y simplemente desestima el recurso por “satisfacción extrajudicial”, al ser conocedor el juez de que los importes cobrados por el Ayuntamiento durante la legislatura anterior se están devolviendo por orden del actual gobierno municipal.

Este juez no entró a valorar la legalidad o ilegalidad de la ordenanza, puesto que posteriormente fue derogada. Sin embargo la sentencia de la Sección Primera ha sido más aclaradora, pues el magistrado ha desestimado los argumentos presentados por la parte demandante y considera la ordenanza conforme a derecho en todos sus extremos.

Esta sentencia se añade a la que en enero de 2007 resolvió la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número seis de Valencia, quien condenó entonces al Ayuntamiento de Paterna a la devolución de los importes correspondientes a la liquidación de la tasa de basura de diez recurrentes vecinos de la localidad.

La juez dio entonces la razón a los diez vecinos que interpusieron el contencioso, basado en la existencia de una doble imposición tributaria, considerando que el coste del Servicio de Basuras estaba ya incluido en el IBI antes de la aprobación de la tasa de basuras. A juicio de la magistrada, “en 1989-90 se aprobó por el Ayuntamiento demandado un incremento del IBI justificado en la necesidad de sufragar, a través de este tributo, los costes del servicio de recogida de basura, por lo que a través de la ordenanza indirectamente recurrida en el presente procedimiento, se ha producido una doble imposición”.

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha mostrado su sorpresa tras conocer las nuevas sentencias pues “tres jueces han efectuado tres sentencias diferentes sobre un mismo tema, uno a favor, otro no ha entrado en el fondo de la cuestión y una tercera claramente desestimatoria”.

El primer edil indicó que “al margen de la decisión judicial, aunque respetándola, el Ayuntamiento continuará devolviendo los importes cobrados en 2006 y primer semestre de 2007 en concepto de esta tasa”, cuya ordenanza fue derogada por el actual equipo de gobierno tras ganar las elecciones municipales de 2007. El alcalde de Paterna no descartó que se planteen nuevos recursos a las últimas sentencias judiciales, “porque seguimos pensando que cuanto menos era una tasa injusta”, indicó.

Hasta la fecha se han recibido 8.535 peticiones de devolución, de las cuales se han tramitado el 94, 87% (7.907) y faltan por tramitar un 5, 13% (428). Pese a que el plazo para solicitar la devolución finalizó el pasado 31 de diciembre de 2008, el alcalde ha indicado hoy que se ampliará seis meses más.

“Así todos los vecinos siguen en disposición de ejercer su derecho a solicitar la devolución de la tasa”, ya que en el plazo previsto en un principio sólo el 49, 32 % de los posibles beneficiarios ha presentado esta solicitud.

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