La sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso presentado por los concejales socialistas contra un acuerdo plenario que permitía retirar la asignación por asistencia a pleno a los ediles que no acudieran o fueran expulsados del mismo.
El juez ha argumentado que el acuerdo recurrido, que se aprobó en el pleno del 23 de abril de 2008, “va más allá de la estricta regulación de la cuantificación de las indemnizaciones que deben compensar los gastos que genere la asistencia a las sesiones y entremezcla este concepto de asistencia con de presencia activa”.
Además, señala que, al regular de esta manera el derecho a ser compensado por las asistencias, “se excede del ámbito que delimita la norma legal habilitante y se constriñe, limita, y dificulta […], con criterios de pura discrecionalidad, el ejercicio de los cometidos del cargo representativo, con libertad y con plenitud”.
El juez concluye que los preceptos impugnados “conllevan una infracción del derecho fundamental de participación política” que recoge la Constitución.
El PSPV se ha felicitado de la sentencia y ha recordado que el acuerdo aprobado por el equipo de Gobierno “dejaba la puerta abierta a la arbitrariedad y la discrecionalidad más absoluta” al otorgar a la mayoría absoluta del pleno (que ostentan PP-UV) la decisión de si el edil que no asista al pleno o sea expulsado puede cobrar o no.
Para los socialistas, con esta sentencia “queda claro que teníamos razón y que se trataba de un acuerdo injusto, arbitrario, variopinto, excéntrico”.
“Este tipo de tropelías inconstitucionales sólo las puede hacer un partido como el PP, que no cree en la democracia y que pierde su tiempo y el nuestro con este tipo de propuestas a las que desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando”, han asegurado los socialistas.
Para el PSPV, “fue una insolencia y una indecencia del PP afirmar que los socialistas sólo queríamos ir a cobrar por denunciar una medida que considerábamos arbitraria e inconstitucional”, algo que demuestra una sentencia judicial. “Ahora deberían pedir perdón y aceptar las reglas del juego democrático”, aclaran.
