El TSJ admite a trámite el recurso contra la decisión del Ayuntamiento de suprimir la Oficina de Política Lingüística

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Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso administrativo -que ya ha sido admitido a trámite- contra el Ayuntamiento de Alboraya por suprimir la Oficina de Política Lingüística y modificar el Reglamento Municipal sobre el uso y la normalización del valenciano.
El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, la letrada de la entidad, Mercè Teodoro, y la representante de la Colla de Dimonis de l´Avern de Alboraia Sílvia Cerezo presentaron en rueda de prensa esta iniciativa, que pretende poner de relieve que “la supresión del requisito lingüístico y las oficinas de normalización lingüística en los ayuntamientos donde gobierna el PP es un hecho repetido en varios casos y no una casualidad”.

Según ACPV, estos hechos “responden a una política deliberada” del PP ya que en localidades como Dénia, Ontinyent y Benicarló se ha eliminado la exigencia de conocimiento del valenciano para acceder a cualquier puesto de trabajo público; en Carcaixent se ha rebajado el nivel de exigencia, “y ahora en Alboraia se ha ido más lejos, puesto que se ha eliminado la Oficina de Política Lingüística”.

Esta supresión “implica que se han eliminado puestos de trabajo y se ha modificado el Reglamento Municipal sobre el Uso y la Normalización del Valenciano”. Tanto en Ontinyent en Alboraia la modificación del reglamento ya es definitiva: en Ontinyent se aprobó ayer, 29 de septiembre, y en Alboraia se aprobó en el plenario del día 28 del mismo mes.

Ante estas actuaciones y la “falta de voluntad de diálogo del PP” la única manera que queda por actuar es la vía judicial”. Por este motivo desde ACPV se han interpuesto los recursos contra los Ayuntamientos de Ontinyent, el pasado 22 de julio y ahora de Alboraia.

El recurso ha sido presentado por ACPV contra la decisión del gobierno municipal y también por la técnica de normalización lingüística del Ayuntamiento de Alboraia, Laura Rubio, la cola de Dimonis de l´Avern y una veintena de ciudadanos de la población, en representación de los vecinos afectados por la desaparición del servicio, explicaron.

Según ACPV, el TSJCV tiene potestad para anular las órdenes que han aprobado los Ayuntamientos de Ontinyent y Alboraia, y lo que se pide desde la entidad es la nulidad de la supresión de la Oficina de Política Lingüística de Alboraia y de la correspondiente modificación de la plantilla de trabajadores, puesto que entienden que esta decisión se opone a la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) y al Estatuto de Autonomía.

Desde la institución llamaron además la atención sobre el hecho de que estas decisiones de política municipal coinciden con el proceso de reforma de la Ley de la Función Pública Valenciana y “pretenden crear un estado de cosas en el que el Gobierno autonómico no se vea forzado a introducir el requisito lingüístico de forma abierta y decidida en la normativa”.

Por último, incidieron en que hasta el momento, “pese a los pronunciamientos públicos de algunas entidades y partidos, ACPV es la única organización que formalmente ha recurrido estos acuerdos al considerarlos extremadamente peligrosos para el futuro del catalán en el País Valenciano”.

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