El Tribunal Supremo obliga a Picassent a pagar más de 600.000 euros adicionales por una expropiación de 2007

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La concejal dará todas las explicaciones en el próximo pleno municipal.
La concejal dará todas las explicaciones en el próximo pleno municipal.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Picassent contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba el acuerdo de expropiación de una finca. Así pues, el Supremo no sólo reafirma esa sentencia que obliga al Consistorio a pagar más de 600.000 euros más por la expropiación hecha en 2008 y por la que ya había pagado 328.000 euros a los propietarios, si no que le condena a pagar 4.000 euros en concepto de las costas judiciales. A todo ello, probablemente, habrá que sumar los intereses.

Según ha denunciado la presidenta del PP de Picassent, Inmaculada Guaita, durante la urbanización del PAI SUZR-5, se claificó el terreno a expropiar como suelo urbanizado y no como suelo urbano tal y como constaba en el Plan General. Según Guaita, “el error se escribe en mayúsculas, ya que la sentencia expone que diversos informes verificaban que dicho suelo correspondía a suelo urbano” como el Informe de Valoración del Arquitecto Municipal de 19 de octubre de 2007, concretamente en el folio 15 del expediente, donde expone que el terreno afectado por la expropiación está clasificado de suelo urbano con destino a viario público.

Además, en la resolución del jurado de 9 de julio de 2008, en la que se fija el justiprecio, destaca que la calificación del suelo es de urbano según el PGOU y en el Informe Técnico que acompañó la propiedad a su hoja de aprecio, emitido por el Arquitecto y ratificado judicialmente, también consta que es suelo clasificado como urbano y calificado como viales correspondientes a la parte de la calle de Carcaixent.

Pero según ha explicado la concejal de Urbanismo, Lola Albert, esa parcela formaba el límite de la unidad de ejecución SUZR-5 con destino a convertirse en un vial pero en 2002, cuando se inició el proyecto, “el PP no supo darle una solución a esa parcela” y quedó en una especie de limbo. Así pues, cuando el Consistorio, en 2007, procedió a expropiarlo, lo hizo a razón de 180 euros por metro cuadrado que es lo que figuraba en el convenio suscrito con los propietarios para aquellos terrenos que no llegaban a ser fincar urbana. En total, unos 328.000 euros.

Pero la propietaria reclamó y el tribunal de expropiación estableció un justiprecio para la finca superior a los 500.000 euros, lejos de los 1, 3 millones que pedía por lo que llevó el caso a los tribunales. Finalmente, el TSJ estimó parcialmente la reclamación y estableció el precio de expropiación de la parcela en los 921.000 euros aproximadamente y el Ayuntamiento decidió presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo, órgano que lo ha desestimado confirmando la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana y condenando al Consistorio a pagar las costas del juicio.

Consultada por Hortanoticas, Albert ha señalado que existe un acuerdo de pago aplazado para satisfacer la deuda con la propietaria de la parcela expropiada a la que se adeuda algo más de 600.000 euros (una vez descontados del precio final los 328.000 que ya pagó el Ayuntamiento en un primer momento). Respecto a las dudas planteadas por el grupo del PP sobre los recursos económicos para afrontar este pago, la edil de Urbanismo ha asegurado que el de Picassent “es un Ayuntamiento saneado” y que, por tanto, se podrá hacer frente a la deuda con parte del remanente positivo de Tesorería y sin tener que “recortar” de otra partida.

 

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