El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares a raíz de la denuncia presentada por el PSPV en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) por hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable en la gestión por parte de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa) de la depuradora de Pinedo.
En una cédula de notificación de fecha 27 de septiembre, se da cuenta del escrito presentado por los representantes socialistas en el EMSHI -Ramón Marí, José Enrique Aguar, Julio César Martínez y José Manuel Alcayna-, donde denunciaban hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable, y acuerda oír al fiscal y a la representación legal de esta entidad para que se pronuncien sobre el nombramiento de delegado instructor para la práctica de las diligencias previstas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas o sobre el archivo.
Asimismo, comunica a los denunciantes el inicio de las diligencias preliminares y les indica que si pretenden ejercer la acción pública contable sobre los hechos denunciados, deben comparecer para cumplimentar los requisitos establecidos en la ley. La decisión, que se comunica al ministerio fiscal y a la representación legal de la EMSHI, no es firme y contra ella se puede interponer recurso en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.
Esta decisión se suma a la adoptada por la Fiscalía de Valencia de abrir igualmente diligencias para investigar la gestión de la depuradora de Pinedo por parte de Emarsa, a raíz de las denuncias realizadas por los socialistas sobre la existencia de "numerosas irregularidades" en la gestión de esta depuradora con el objeto de que se investigase si se había cometido algún tipo de delito.
Los socialistas denunciaron ante Fiscalía que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos por valor de unos 20 millones fechados entre 2003 y 2009 al margen de la ley. Asimismo, advirtieron de que el organismo suscribió con una empresa un contrato blindado que incluía una cláusula de indemnización en el caso de que se rompiese la relación por causas ajenas a esta firma, que podría suponer el pago de entre 38 y 40 millones más.
Igualmente, se aludía a la improcedencia del pago de facturas de dos empresas constructoras y otras dos de material informático cuya suma supera el millón de euros y la solicitud a dichas firmas del reintegro de varias cantidades abonadas.
