El retraso en el pago de las expropiaciones del IES espolea a un propietario a exigir la retasación de los terrenos

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El portavoz y candidato a la Alcaldía del PP de Xirivella, Enrique Ortí, ha denunciado que el retraso del Ayuntamiento en pagar a los expropiados de IES Gonzalo Anaya va a suponer al Consistorio un nuevo sobre coste ya que a los intereses de demora acumulados en estos dos años, según los ‘populares’, se podría sumar una revalorización de los terrenos pues uno de los propietarios ya ha pedido una retasación de los mismos.
Según denuncia el PP, el Ayuntamiento ha tardado más de dos años en pagar a los expropiados. Transcurrido ese tiempo los afectados pueden pedir una retasación de los terrenos. Uno de los propietarios ya lo ha pedido por considerar que el precio del suelo ha subido desde que lo valoraron hasta la actualidad.

La expropiación de los terrenos del instituto comenzó en el 2002. La zona afectada era de 28.906 metros cuadrados. El Ayuntamiento decide pagar a 12 euros el m2. En el 2004 el Jurado Provincial de Expropiación determina un justiprecio de 60 euros el metro, y el Ayuntamiento paga a los propietarios.

Sin embargo, el precio determinado es recurrido por los afectados y en el 2008, la sección tercera de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia decide que el precio que el Ayuntamiento debe pagar es de 123 euros el m2.

Desde entonces y hasta la actualidad el Consistorio no ha pagado a los propietarios la diferencia entre los 60 euros por metro pagados y los 123 estipulados por el TSJ. Por lo que ya hay un afectado que se ha acogido al derecho de retasación, al considerar que el precio de la zona ha subido, “y podrían sucederle muchos más”, advierten desde el PP.

Según denuncia el grupo de la oposición, “la mala gestión del Consistorio ha supuesto un grave daño en las arcas municipales. Lo que un principio iba a costar 346.872 euros ahora asciende a 4 millones de euros, dinero al que habrá que sumar los intereses de demora y la nueva retasación, en caso de ser aceptada”.

Según Enrique Ortí, “lo que debería haber hecho el equipo de Gobierno es llegar a un acuerdo con los propietarios y no acudir a la expropiación. Además, si el equipo de Gobierno hubiera pagado sin retrasos la sentencia del TSJ se habría evitado la retasación y los intereses de demora, que va a suponer un sobre coste añadido”.

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