El recorte de la subvención de Conselleria para el apoyo a menores con medidas judiciales deja el programa con un solo educador

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La reducción de la subvención que la Conselleria de Bienestar Social otorgaba al Ayuntamiento de Torrent para desarrollar un programa de ayuda a menores sometidos a medidas judiciales ha dejado el servicio con un único educador (cuando había tenido hasta tres trabajadores) para atender a una treintena de jóvenes, según ha denunciado el grupo socialista en un comunicado.
Por ello, el PSPV ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Torrent para pedir a este que dote una partida presupuestaria para incrementar el número de educadores en el programa o bien exigir a la Conselleria que aumente la subvención hasta la cantidad de convenios anteriores.

Según los socialistas, actualmente en Torrent hay un número importante de menores sometidos a medidas judiciales no privativas de libertad que se desarrollan en un medio abierto y que están encaminadas a su reinserción social. Estas medidas son realizadas a través de un contrato con una empresa especializada que dispone de técnicos educadores encargados de llevar a cabo las sentencias de los jueces de menores.

Hasta ahora, el número de educadores era aceptable para la carga del servicio. Había dos o tres educadores que permitían dar un servicio adecuado y trabajar en unos ratios correctos (aproximadamente un educador para cada 16 menores).

Pero este año, la reducción de la subvención por parte de la Conselleria de Bienestar Social y la inexistencia de una partida municipal para este servicio (que sí existía otros años), han provocado que solamente se disponga de un educador para la totalidad de menores en medidas judiciales de Torrent.

Así, el único educador disponible tiene que atender a casi treinta menores y su lista de espera es de más de 25 menores. “Si tenemos en cuenta que la duración media de las medidas oscila entre seis y doce meses y que las previsiones futuras anuncian un incremento de las necesidades; el panorama que se avecina es muy delicado y supone un grave riesgo para la eficacia de la reinserción social de los menores torrentinos”, explican desde el PSPV.

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