El PSPV llevará el caso de las VPO en Parc Central a los tribunales si en el plazo de una semana no reciben la información requerida

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El grupo municipal socialista ha advertido de que llevará el caso de las viviendas protegidas de Parc Central a los tribunales si no reciben toda la información y los documentos requeridos en el plazo de una semana. A su juicio, la alcaldesa “oculta documentación y se niega a informar a la oposición sobre el escándalo de los pisos protegidos de Parc Central”.
En la Junta General de la empresa municipal Nous Espais Torrent celebrada el ayer la presidenta de Nous Espais y alcaldesa de Torrent, María José Català, y el consejero delegado y concejal de Urbanismo “rechazaron responder a las más de 60 preguntas que se les formularon, no facilitaron ni uno de los documentos pedidos y trataron de desviar la atención culpando a la oposición de sembrar alarmismo”, según el PSPV.

Los representantes del PSPV y del Bloc habían solicitado la reunión extraordinaria y urgente de la Junta General para recibir aclaraciones sobre la actuación de la empresa, que se ha convertido en los últimos meses “en motivo permanente de escándalo por sus acciones confusas en la recalificación de pisos protegidos para jóvenes en Parc Central, y en otras iniciativas como las denunciadas por los vecinos del Barrio Xenillet residentes en una finca declarada en ruina y afectados por un posible realojo”.

En la Junta General, el portavoz del Grupo Socialista, José Veiga, hizo 40 preguntas a la presidenta y al consejero delegado, y no obtuvo respuesta a ninguna de ellas. También solicitó que se le facilitaran varios documentos que permiten aclarar todo el caso, pero le fueron negados en la Junta General.

“Tanto la presidenta como el consejero delegado trataron de desviar la atención, primero dilatando el comienzo de la sesión con cuestiones formales y después ignorando las preguntas y los requerimientos de los portavoces de la oposición y acusando al portavoz socialista de sembrar alarmismo entre los jóvenes”, ha explicado el portavoz socialista.

Las preguntas formuladas por Veiga no encontraron respuesta ni en la presidenta de Nous Espais ni en el consejero delegado, por lo que e grupo socialista llevará el caso a los tribunales si en el plazo de una semana no obtiene la información requerida, acogiéndose a la Ley de Sociedades Anónimas, que establece que los administradores están obligados a facilitar por escrito la información requerida en una Junta General en el plazo de siete días, y también al amparo de lo establecido en el Código Penal, que sanciona la ocultación de información en las sociedades anónimas.

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