El PSPV llevará a Anticorrupción un posible fraude electoral tras detectar varios empadronamientos irregulares en El Puig

Los servicios jurídicos del PSPV estudian la interposición de acciones penales por fraude electoral contra el PP local para que compruebe los numerosos empadronamientos irregulares que podrían haber dado la alcaldía de El Puig al PP por solo 8 votos de diferencia.
La candidata socialista a la alcaldía de El Puig, Luisa Salvador, ha anunciado que son numerosos los empadronamientos irregulares detectados. Según fuentes del PSPV de El Puig, “unos, no son residentes y aparecen empadronados en una casa deshabitada y sobre la que la dueña niega cualquier tipo de relación o contrato. Otros, que son miembros de una misma familia -hermanos y primos- aparecen empadronados en domicilios propiedad de concejales del PP o sus familiares”.

Para Salvador “todo apunta a que han sido obtenidos con juego sucio. Todos los indicios nos llevan a pensar que no estamos ante unos empadronamientos reales y espontáneos, sino ante una actuación organizada, conocida y amparada por responsables municipales con plena incidencia en la modificación del censo y obvias consecuencias en los resultados de las elecciones municipales celebradas en El Puig”.

Luisa Salvador ha explicado que su formación fue en los comicios de 2007 la más votada y en esta ocasión “hemos pasado de 1.601 a 1718 votos en un contexto totalmente adverso”. Tan sólo 8 votos han separado al PSPV de obtener el concejal que hubiera arrebatado la mayoría absoluta y reeditar el pacto progresista de hace cuatro años. “Los mismos intereses que estuvieron detrás de aquel golpe vuelven a estar hoy en esta maniobra que adultera la voluntad real de los vecinos y vecinas de El Puig”, ha señalado.

Luisa Salvador ha indicado que los servicios jurídicos del PSOE creen que podrán demostrar ante la Fiscalía Anticorrupción que los hechos que serán objeto de la denuncia, “cuya relevancia es obvia, dada la diferencia de tan sólo 8 votos, no son simples irregularidades o deficiencias administrativas”, sino que se incardinan en el ilícito penal de la Ley Electoral, pues “estaríamos ante una inclusión intencionada y voluntaria en el padrón municipal de El Puig de habitantes que no residen en el municipio, inclusión realizada conscientemente sin el control obligado del Ayuntamiento responsable de la llevanza, control y dirección del padrón”.

La líder socialista local ha recordado que integrar el censo electoral de una determinada localidad, “requiere el previo empadronamiento para el cual, entre otros requisitos, debe probarse la residencia en el municipio y que todo ello se tramita bajo el control del Ayuntamiento”. El delito electoral al que alude es el tipificado en el artículo 139 de la Ley Electoral, que podría llevar aparejada una pena de seis meses a dos años y la inhabilitación especial para cargo público, de quienes, como dice la ley, “incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición del Censo Electoral.”