El grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Rocafort ha declarado que no existe ninguna ley ni principio jurídico alguno que impida rectificar un error voluntario “costeado con dinero público, sancionado como tal por los tribunales y que afectó negativamente a los derechos económicos de los vecinos”. Los socialistas dudan de que no se puedan devolver los 600.000 euros que el Consistorio cobró indebidamente al modificar el IBI de 2004.
Tras dos sentencias del TSJ y del Tribunal Supremo fallando que la modificación del IBI de 2004 fue irregular, el equipo de Gobierno dijo públicamente que se devolvería el dinero a los contribuyentes “a pesar de que la sentencia judicial no obligaba a ello”. El alcalde del municipio, Sebastián Bosch, declaró entonces a Hortanoticias que si había que devolver el dinero se haría.
Sin embargo, tras encargar un informe a Intervención Municipal y a un gabinete jurídico externo, desde el Gobierno municipal aseguran que las recomendaciones de las dos partes es que no se devuelva el dinero por ser una operación “contraria a derecho”. Pero los socialistas mantienen que no puede haber ningún argumento jurídico que impida rectificar un error que, a su juicio, fue voluntario al igual que consideran que no es “contrario a derecho” resarcir a quienes fueron “engañados”.
Para los socialistas, los vecinos de Rocafort están en su derecho a confiar en la Administración Local y no tienen porqué gastar dinero y tiempo en reclamar judicialmente decisiones municipales para asegurarse de que no les están engañando.
Asimismo, señalan que el informe elaborado por el despacho independiente “no es un dictamen definitivo”, sino una nota jurídica “encargada por el Gobierno local para argumentar jurídicamente que “no hicieron las cosas mal y evitar reconocer que siguieron adelante con una ordenanza que no cumplía la formalidad legal exigida para entrar en vigor”.
Con este encargo, según el PSPV, el equipo de Gobierno pretende “no admitir que era su obligación devolver de oficio, inmediatamente, las cantidades cobradas cuando el TSJ falló en su contra”. Además, señalan que el dinero público que el PP “ha derrochado hasta llegar al Supremo es una burla a los contribuyentes de Rocafort”.
