El PSPV denuncia varios contratos de suministros y servicios del equipo de Gobierno municipal ante el Tribunal de Cuentas

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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Catarroja ha denunciado al equipo de gobierno local ante el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas al considerar que podría haber adjudicado contratos de suministros y servicios de forma irregular.
En concreto, los socialistas acusan al Ejecutivo local de haber realizado contrataciones por un valor superior a 18.000 euros sin sacarlas a concurso público, como establece la ley para los “contratos mayores”, según han informado fuentes del grupo municipal socialista.

Un contrato menor es aquel que, al no superar los 18.000 euros, no tiene que someterse a los controles previstos para los contratos mayores, que superan esa cifra y deben adjudicarse en un procedimiento abierto, precisan.

En este último caso, puntualizan en su escrito de denuncia, el Ayuntamiento “jamás puede contratar directamente a un proveedor sin pedir otras ofertas y sin pasar por los controles establecidos”.

Sin embargo, los socialistas denuncian que el gobierno de Soledad Ramón ha realizado contratos menores mensuales y “continuos” con la misma empresa que, en conjunto, superan “con creces” el límite de 18.000 euros previsto por la ley, con la finalidad de “evitar tener que buscar otras ofertas”.

Según el PSPV, el Ayuntamiento de Catarroja contrató a dos empresas de seguridad para vigilar los barracones escolares a las que abonó 120.000 euros en 2008, una cantidad cuatro veces superior a la cantidad destinada en los presupuestos municipales a este servicio (30.601 euros) y “siete veces el máximo de un contrato menor”.

En 2009, el equipo de gobierno presupuestó 31.601 euros para el servicio de vigilancia escolar y se vio obligado posteriormente a realizar una modificación de crédito de 200.000 euros para hacer frente al gasto final. “Se trata de una contratación mayor encubierta que no ha seguido lo estipulado en la legislación vigente”, remarcan los socialistas.

En este mismo sentido, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana emitió un informe en febrero de 2010 que advierte de una posible vulneración de la ley de Contratos del Sector Público.

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