El PSPV denuncia presuntas irregularidades en los accesos al garaje de un edificio de la calle Valencia

Uno de los edificios del PAI de la calle Valencia, ubicado junto al emblemático rascacielos, no cumple con las normas aprobadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mislata en cuanto respecta a los accesos al subsuelo, “ya que las rampas de acceso y salida al garaje se cortan al llegar a la acera, incumpliendo la normativa que obliga a que exista una plataforma de cinco metros de profundidad prácticamente horizontal”.
Así lo ha denunciado el líder de los socialistas de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, quien ha explicado que la construcción actual de la rampa “se corta al llegar a suelo público, originando un grave peligro para los peatones”.

Desde el grupo municipal han asegurado que hace ya semanas que solicitaron en la correspondiente comisión de urbanismo un informe sobre este asunto y todavía lo están esperando.

Para los socialistas, el máximo responsable es el equipo de Gobierno, que “debería demostrar algo de interés por solucionar en cuanto antes esta irregularidad y asumir la responsabilidad ante una licencia que fue dada sin ajustarse a la normativa”, ha explicado el secretario general de los socialistas.

Desde hace varios meses los vehículos emergen del garaje y van a parar directamente a una acera pública que, para más preocupación, está ubicada frente a un parque por el que diariamente pasan niños.

“Hemos pedido ya el informe pero, como siempre, estamos a la espera de una respuesta, que en este caso no sabemos si la habrá”, ha añadido el secretario general de los socialistas.

El hecho se agrava porque este edificio cuenta con licencia de ocupación desde finales de 2008, otorgada por la Junta de Gobierno Local.

“Si nuestras sospechas son ciertas la Junta de Gobierno Local presidida por el alcalde Manuel Corredera habría cometido una ilegalidad y por ese motivo pedimos el informe pertinente”, ha asegurado Fernández Bielsa quien ha aclarado que, a su juicio, “los responsables de esta presunta ilegalidad son todos los miembros de la Junta de Gobierno Local y deben responder al unísono ante una posible acción judicial”.