La batalla política en torno a la gestión de la depuradora de Pinedo continúa. Ahora, el portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Ramón Marí, ha denunciado que el presidente de Emarsa, Enrique Crespo, "está ocultando al Grupo Socialista la información solicitada sobre las dos asesoras que contrató en la depuradora y que nunca trabajaron allí".
El también alcalde de Albal ha recordado que una periodista, Ana M.R., y una abogada de familia, Leonor M.E., han cobrado 88.000 y 65.000 euros respectivamente, "sin haber pisado nunca las instalaciones de Pinedo” y “con el único aval de haber sido personal de confianza del alcalde de Manises".
En este sentido, Marí ha explicado que ha pedido las facturas a la Emshi, pero que desde el 15 de octubre no se están suministrando documentos, ya que Crespo “ha impuesto la ley del silencio".
“El alcalde de Manises reconoció en la asamblea de la entidad metropolitana celebrada el 28 de noviembre su relación con las dos asesoras, pero fue incapaz de ofrecer datos de por qué se les pagó, ni asumir su responsabilidad por haberlo hecho", ha criticado.
Marí lamenta que Medina siga sin mostrar los contratos de su familia
Por otra parte, Marí ha lamentado que el vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Moncada, Juan José Medina, "continúe sin mostrar, diez días después de la denuncia socialista, la documentación que avalaría que su familia ha recibido 1, 6 millones, y que demostraría que ha habido procedimiento de licitación pública, concurrencia de ofertas, y que se seleccionó a la empresa de su familia en base a criterios objetivos".
También están implicados en los pagos responsables del PP en los ayuntamientos de Valencia, Moncada, Albuixech y Mislata, ha agregado el socialista.
Ramón Marí ha criticado la "nula voluntad del PP en general y de Enrique Crespo en particular, en investigar el saqueo, lo que convierte al alcalde de Manises en el principal cómplice de lo sucedido".
Además, ha indicado que "Crespo pretendía que se liquidara la empresa pública el 26 de julio sin realizar ninguna investigación, y sólo gracias a nuestro grupo, que llevó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía lo sucedido, estamos averiguando la verdad".
