El PSOE exige en el Congreso que el Gobierno paralice la disolución de las empresas públicas municipales

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno “realice todas las acciones necesarias para paralizar los requerimientos de disolución de empresas públicas municipales previstas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. En esta situación se encuentran, entre otros, el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot y el Consell Agrari de Torrent.

ábalos con el resto de diputados de GPSLa PNL del Grupo Parlamentario Socialista insta al Ejecutivo en funciones a que frene “de manera inmediata” los “irresponsables planes” del ministro Montoro de disolver las entidades dependientes de Ayuntamientos y Diputaciones “que prestan servicio a la ciudadanía o realizan actividades de impulso económico o social y, en especial, aquellas que están prestando servicios públicos esenciales”.

El portavoz parlamentario ha alertado de la urgencia de detener estas actuaciones, dado que, entre las entidades cuya disolución se pretende “se encuentran empresas públicas que prestan servicios tan básicos como escuelas infantiles, agencias locales de desarrollo, depuración de aguas, tratamiento de residuos o transporte público de viajeros”.

Ataque a la autonomía local

Este requerimiento, a su juicio, “implica, por sí mismo, un nuevo ataque a la autonomía local, pero, además, si se llevara a cabo, supondría que los ciudadanos de los municipios afectados verían como dejan de prestarse servicios públicos a cargo.

Todos ellos, ha dicho, “son servicios que ninguna Administración está en condiciones de dejar de prestar. El coste social que ello implicaría resulta inasumible para una sociedad que tiene en el respeto al estado de derecho uno de sus principales valores”.

El portavoz adjunto del PSOE en la Cámara baja ha insistido en que esta “ocurrencia” del ministro Montoro “se pretende aplicar sin un plan alternativo para la prestación de estos servicios ni soluciones para los empleados que trabajan en dichas empresas”.

“El ministro de Hacienda pretende cercenar los servicios básicos que prestan los ayuntamientos, escudándose en la rebaja del déficit público. Cuántos recortes más van a tener que asumir los ciudadanos antes de que algún miembro del Gobierno asuma sus responsabilidades”, se ha preguntado.

José Luis Ábalos ha recordado que estamos “con una exigencia realizada ante una norma que se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional por el recurso presentado ante este órgano por más de 3.000 ayuntamientos, al entender que vulnera el principio de autonomia local reconocido y recogido en nuestra Constitución”.


 
 
 

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