El PP estudia medidas legales contra el cuatripartito por llevar a Fiscalía las Comfort Letters “a sabiendas de que no había delito penal”

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El PP de Alboraya ha anunciado que estudiará emprender medidas legales contra el cuatripartito por haber aprobado en pleno y presentado en la Fiscalía una denuncia por la firma de seis Comfort Letters (supuestos avales) por parte del anterior equipo de Gobierno, “a sabiendas de que no había delito penal”. Para los populares, la denunciaba buscaba, únicamente, desprestigiar al PP y al ex alcalde Manuel Álvaro.
Álvaro ha comparecido junto al concejal, y diputado nacional, del PP Vicente Ferrer para explicar sus impresiones después de que la Fiscalía haya decidido archivar la causa al no encontrar suficientes indicios de criminalidad en la firma de esos supuestos avales que, para el cuatripartito, hipotecaron el patrimonio municipal al convertir al Ayuntamiento en corresponsable de las deudas de la empresa pública Egusa.

El ex alcalde ha asegurado sentirse “satisfecho” por la decisión de la Fiscalía y ha insistido en que, si la tramitación de las comfort letters tiene algún error, “se hizo sin mala fe”. En ese sentido, ha lamentado el daño moral que la situación le ha causado a él y a su familia y se ha preguntado “quién va a asumir ahora la responsabilidad”.

Así, ha señalado que el PP pedirá explicaciones al cuatripartito, al que ha acusado de “darse mucha prisa” por llevar el tema a la Fiscalía sin intentar aclarar antes las posibles dudas que tuvieran con los técnicos que participaron en el procedimiento y sin entregar toda la documentación disponible al órgano judicial.

Además de explicaciones, se plantean la posibilidad de tomar medidas legales por la tramitación del expediente de denuncia a la Fiscalía que el cuatripartito llevó al pleno con el apoyo de informes de Intervención y Secretaría y que aprobó con su mayoría. Asimismo, ha insistido en que la denuncia se remitió “a sabiendas de que no había delito” y con el único objetivo de desprestigiar su gestión y su persona.

Una maniobra, ha dicho, instigada por la ex concejal del PP y actualmente primera teniente de alcalde por UPPA, Mamen Peris, que busca una “revancha” por no haber conseguido ser la candidata del PP en las Elecciones Municipales de 2011.

Por su parte, el cuatripartito en pleno ha comparecido también ante los medios para aclarar que, en su objetivo de “buscar la transparencia en la gestión municipal”, plantearon a este órgano jurisdiccional una operación que les generó dudas pues, según han explicado, es la Fiscalía la que tiene que decidir si hay delito o no.

Con ello han querido restar credibilidad a la teoría de que se trata de una venganza personal de Peris y, en ese sentido, tanto la portavoz del Bloc, Àngels Belloch, como el de CIALBO, Javier Balaguer, han asegurado que, si sospecharan que se trataba de un tema personal, no hubieran votado a favor de llevar la denuncia a la Fiscalía.

En la rueda de prensa también ha estado presente el presidente de la empresa pública Egusa, Carlos Corella, quien ha confirmado que las sospechas de irregularidades se detectan cuando, negociando con las entidades bancarias acreedoras de la mercantil, estas solicitan que se vuelvan a firmar esas Comfort Letters y, entonces, el interventor advierte de que no deben hacerlo. “Ahí entendimos que, si ahora no se podía hacer, antes, tampoco se debería de haber hecho y, menos, sin pasar por el pleno municipal y sin la autorización de la Conselleria”, ha señalado Corella.

Revisión de más expedientes

Por otra parte, el PP ha advertido de que el equipo de Gobierno ha aprobado la contratación, por 3.000 euros, de un jurista para que estudie si hay irregularidades o responsabilidades políticas en una serie de expedientes que van desde un alquiler hasta la cesión de un bien patrimonial. “Con esta medida, continúa la persecución política al anterior equipo de Gobierno pero, esta vez, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento”, ha lamentado Álvaro.

Preguntado a este respecto, desde el cuatripartito han aclarado que la contratación de esta jurista se debe al exceso de trabajo que supone la revisión de tantos expedientes y ha considerado que 3.000 euros es una cantidad “irrisoria” cuando el Ayuntamiento tenía una deuda de 140 millones de euros.

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