El PP denuncia que el interventor advirtió hace un año de la necesidad de rescatar “con prontitud” la guardería Fuente del Jarro

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Paterna ha lamentado que mientras las escuelas infantiles de Paterna están procediendo a lanzar sus campañas de matriculación de cara al próximo curso 2016-2017, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, “no es capaz de garantizar la continuidad de la Escuela Infantil Fuente del Jarro, lo que está provocando que muchos padres de alumnos ya estén buscando alternativas para sus hijos”.

Los populares pidieron el pasado 29 de abril al alcalde una “declaración inequívoca de que la guardería no se va a cerrar”, así como el inicio inmediato de una campaña de matriculación. “La respuesta del gobierno municipal ha sido la contraria, completando así la concatenación de actos negligentes y la falta de voluntad política de la que llevan haciendo gala desde que tomó posesión el pasado 13 de junio”, aseguran desde el PP.

Según los populares, el Gobierno socialista ha tardado un año en seguir las recomendaciones del interventor municipal y tomar la única decisión viable para el mantenimiento del servicio. “Del análisis del expediente de la guardería se deduce que el 11 de mayo de 2015 el interventor ya instaba al rescate de la concesión para gestionar la guardería con medios propios o por medios externos”. El interventor aconsejaba entonces a la corporación “adoptar una decisión con prontitud y antes del inicio escolar 2015-2016, para no causar perjuicios a las arcas municipales”.

El 20 de mayo hay un informe de la Jefa del Área de Infraestructuras en el cual se indica que no es posible la modificación del contrato, al no entenderse la crisis económica como circunstancia habilitante para ello. Pese a las urgencias, tras el cambio de gobierno del 24 de mayo, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el nuevo equipo de Gobierno “no sólo no tomó ninguna decisión, sino que dejó el expediente dormido y las gestiones municipales paralizadas por seis meses, hasta el 3 de diciembre, momento en que la empresa presenta la solicitud de rescisión unilateral”, aseguran los populares.

“Ni un solo informe ni providencia por parte del equipo de gobierno en seis meses ante una situación catalogada como urgente por el interventor municipal. Es más, a mediados del mes de abril, cuando apenas quedaban escasas dos semanas para la finalización del plazo dado por la UTE al Ayuntamiento, Sagredo aún convocó la Junta de Portavoces para dar cuenta de posibles modificaciones del contrato para proceder al reequilibrio económico de la concesión, algo que el interventor ya había descartado un año antes”, critican.

Para el grupo municipal popular, el Ayuntamiento “tendría ahora que pagar 907.000 euros para proceder a rescatar un servicio que tendrá que empezar prácticamente de cero y le costará poner en marcha, cuando si hubiera tomado la decisión 6 meses antes podía estar ya resuelto, garantizada su continuidad y con ello la tranquilidad de los padres de los alumnos”.