El PP atribuye a Crespo, Cuesta y Arnal la responsabilidad política del saqueo de la depuradora

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El PP ha atribuido la responsabilidad política del saqueo de Emarsa al presidente, al gerente y al director financiero de la empresa, Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, respectivamente. Asimismo, “se descartan responsabilidades políticas fuera del contexto de la gestión directa de la propia empresa” encargada de la explotación de la depuradora de Pinedo.
Estas son algunas de las conclusiones que los ‘populares’ han extraído de la comisión de investigación de la comisión de Emarsa en la gestión y explotación de la depuradora de Pinedo (Valencia) desde su creación, la conexión con otras entidades y las posibles responsabilidades en la liquidación de los gastos”.

Los ponentes de la Comisión se han reunido este miércoles para presentar las propuestas de cada grupo a la ponencia final que se debatirá el próximo viernes a partir de las 10.30 horas en la comisión de investigación. Sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo para presentar un texto consensuado, según han indicado fuentes parlamentarias.

El texto del PP cuenta con siete puntos en los que muestra el rechazo y muestran su “malestar” por las “actuaciones ilegales” y el “uso fraudulento” de los fondos públicos que presuntamente se han cometido en Emarsa.

Asimismo, además de atribuir la responsabilidad política de lo sucedido a sus gestores, el PP reconoce que el consejo de administración de Emarsa actuó de ‘bona fide’ y no detectó las irregularidades hasta la fase final de la empresa.

En este sentido, señala que los delegados de PSPV y EUPV en este órgano, Ramón Marí y Antoni Pérez, afirman haber sido conocedores de algún tipo de irregularidades “sin que actuaran dentro del plazo ni la forma adecuada, de acuerdo con dicha presunta sospecha”. Además, lamenta el “desestimiento de responsabilidades” del letrado asesor de Emarsa, Blas Pérez, de quien consideran que “no ejerció correctamente” sus funciones de control de la legalidad en la empresa.

El PP, finalmente muestra su apoyo a las acciones judiciales iniciadas por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), aunque lamenta que no se hubiera hecho antes. Y, además, considera que los consejos de administración de las empresas públicas “necesitan una profunda revisión con las modificaciones legales que procedan para que hecho como este no vuelvan a ocurrir”.

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