La decisión es fruto de un acuerdo, tomado por unanimidad en el pleno, ante la propuesta que el grupo municipal socialista ha presentado para defender a los catarrojenses en situación económica precaria y en riesgo de perder su vivienda, así como al tener constancia de que se están produciendo desahucios en la población.
La propuesta aprobada contempla la exigencia al Gobierno de modificar varios puntos del citado decreto, especialmente el apartado 1 del artículo 1, especificando que no es procedente el desahucio cuando en un proceso, judicial o extrajudicial, se hubiera adjudicado al concesionario del préstamo la vivienda habitual de personas que se hallen en situación económica precaria y que, mientras se mantengan tales circunstancias, se impedirá la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria.
Esta propuesta fue defendida por el grupo socialista a través de la concejala Lorena Silvent, quien, tras señalar que “en la Comunitat Valenciana han aumentado un 15% los desahucios en un año”, resaltó la necesidad de que “la casuística legal sea más flexible, con el fin de que las familias que se hallen en un proceso de desahucio y en unas circunstancias económicas difíciles puedan acogerse a ella sin excepción”.
