El juez respalda la suspensión de empleo a la interventora pero exige que se le pague el sueldo básico

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La interventora de Mislata, Herminia Llop, suspendida de empleo y sueldo por decreto de Alcaldía, decidió recurrir la decisión de Manuel Corredera ante la Justicia. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia ha resuelto que la medida cautelar tomada por el Consistorio de apartarla de sus funciones mientras dure el expediente que se ha incoado es procedente aunque sí obliga al Ayuntamiento a pagarle el sueldo básico a la habilitada nacional durante todo el proceso.
El juez argumenta que el expediente sancionador iniciado contra la interventora se debe a “discrepancias de tipo técnico y jurídico […] y no ha cuestiones personales y ajenas al servicio” por lo que se podría producir una alteración en la labor efectuada por la interventora. Esta posibilidad, según el juez, “desaconseja su mantenimiento en el puesto y justifica la separación provisional durante la tramitación del expediente”.

Sin embargo, y una vez analizadas las cargas familiares de la interventora, el juez ha resuelto que se anule la suspensión cautelar de sueldo y se abone a la habilitada nacional, al menos, el salario básico más los trienios.

El alcalde, Manuel Corredera, ha valorado el auto judicial y ha declarado que “esta sentencia no hace si no dar la razón en primera instancia a la incoación del expediente en el que se debía de apartar a la interventora para que no impidiese el desarrollo del departamento que dirigía”.

Según el primer edil, el auto “demuestra, una vez más, que las decisiones del Gobierno del PP en Mislata no se han equivocado” al tiempo que ha tildado de “críticas infundadas y gratuitas” las declaraciones vertidas por los grupos municipales del PSPV y EUPV ante los hechos.

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