El juez pide una fianza de 25 millones a 14 imputados del caso Emarsa para asegurar responsabilidades pecuniarias

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El juez instructor del ‘caso Emarsa’, en el que se investiga un agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha dictado un auto en el que fija una fianza de 25 millones de euros para 14 imputados, -en primer término al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, y el que fuera gerente de la entidad, Esteban Cuesta-, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan en su día declararse procedentes, y que en estos momentos establece “prudencialmente” en esa cantidad.
En una resolución de este mismo lunes, el juez señala las cantidades a las que deberán responder cada uno de los 14 imputados, directivos de la sociedad y de los administradores de las empresas investigadas por facturar a Emarsa por conceptos no realizados y acuerda que, si transcurre el término fijado en la ley sin que se haya verificado esta fianza, se embargarán sus bienes en cantidad suficiente para cubrir el importe o se acreditará la insolvencia si no tuvieran propiedades.

El juez pide también que se aseguren las responsabilidades pecunarias en el caso del delito contra la Hacienda Pública investigado y, de momento, determina que Crespo, Cuesta y otros dos imputados deben prestar fianza por tres millones de euros, según lo pedido por la Abogacía del Estado, tomando en consideración que la cuota tributaria presuntamente defraudada asciende a 2.405.244 euros.

Así, señala que por los 25 millones de euros que fija como posible responsabilidad pecuniaria, de forma conjunta y solidaria deben responder, en primer lugar, Enrique Crespo y Esteban Cuesta, por la totalidad de la cuantía, ya que hay indicios de que, puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, propiciaron y consintieron la facturación irregular, “adueñándose de fondos de la sociedad y que defraudaron a Hacienda”.

Asimismo, entiende que Enrique Arnal, director financiero de Emarsa, deberá responder conjunta y solidariamente con los anteriores en la suma de 22 millones de euros ya que por su cargo participó con ellos para llevar a cabo los hechos, a excepción de los relacionados con Hacienda mientras que Adolfo Polo, jefe medioambiental de Emarsa y socio de Datura, tendrá que responder, en los mismos términos, por 13.700.000 euros.

En relación con los administradores de las empresas, pormenoriza que Jorge Ignacio Roca Samper -administrador de Etwas Eigentlich, Erwinin, Zonay, Agrolemos y Printergreen- debe responder en la suma de 11 millones con los anteriores; los administradores de Notec José Luis Sena, Vicente Ros y Enrique Sena, de manera conjunta, solidariamente entre sí con los otros, en 2.700.000 euros; y Sebastián García -Microprocesadores Valencia y Sofitec- y su hermana María Paz, de Construcciones y Reformas Rocafort y Mantenimientos Valmmasmark- en la de 3.650.000 euros cada uno.

Por detrás en importe, se sitúan José Antonio Arnal -de Arrima Centre d’Estudis- y Eva María Marsal -de Management de Azafatas- en 100.000 euros cada uno; Juan Carlos Gimeno -administrador de Instituto de Empresa del Mediterráneo-, en 300.000 y Daniel Calzada -de Llar Calzada- en 500.000 euros.

El magistrado fija la cuantía de la fianza porque evalua en esos importes lo facturado sin justificación por las empresas, hasta un total de 22 millones de euros. Asimismo, explica que existen indicios racionales de que los administradores y gestores de Emarsa -Enrique Crespo y Esteban Cuesta- fueron coautores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y un delito continuado de faldedad– y que Roca Samper y José Luis Sena cooperaron en ellos. Por ello les pide de forma solidaria una fianza de tres millones de euros.

El juez señala que existen indicios en la causa de que las empresas entablaron relación comercial con Emarsa “bien sin que mediara contrato alguno, bien tras abrirse expedientes de contratación, que se van revelando llenos de irregularidades y sin que, en ningún caso, existiera publicidad en la contratación”. Posteriormente, facturaron “cuantiosísimas” sumas a la sociedad por variados conceptos cuando existen igualmente indicios de que “los suministros y servicios facturados a Emarsa o bien nunca fueron entregados o prestados, lo fueron en cuantía notoriamente inferior a la facturada”.

Esta situación fue “propiciada” y “consentida” por los directivos de Emarsa “que actuaban conforme a un plan previamente concertado y que se desplegó durante años hasta la disolución y liquidación de la sociedad”. De este modo, indica el magistrado, existen “indicios racionales” de que todos los imputados se adueñaron de fondos de Emarsa “en cuantía que aún se haya pendiente de determinar”.

No obstante, la falta de determinación de las cantidades presuntamente malversadas o defraudadas “no debe impedir que se fijen” las medidas procedentes para asegurar la responsabilidad económica, en una cuantía que el juez establece “de manera aproximada”, tomando en consideración la suma de las cantidades presuntamente malversadas. Por ello, las medidas se pueden modificar “al alza, a la baja o incluso levantarse” si la instrucción llevara a cualquiera de estas decisiones.

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