El juez ordena embargar dos viviendas, dos vehículos, una plaza de garaje y el saldo de seis cuentas bancarias de Crespo

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El juez Vicente Ríos, magistrado que dirige las diligencias previas del llamado caso Emarsa, donde se investiga el supuesto saqueo de 25 millones de euros de dinero público en la depuradora de Pinedo, ha ordenado el embargo de dos viviendas (una de ellas con dos plazas de aparcamiento y trastero), dos vehículos, una plaza de garaje, 48 bonos de la Generalitat (valorados en 48.000 euros) y el saldo de seis cuentas bancarias del imputado y ex alcalde de Manises, Enrique Crespo.
Así se recoge en el decreto emitido por el Juzgado Nº 15 de Valencia fechado el 16 de marzo y remitido hoy a las partes. En él, se recuerda que en el auto de fecha 30 de enero se acordó mandar a Crespo que prestara fianza en la cuantía de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes tras la investigación.

En ese auto se establecía que se procedería al embargo de bienes suficientes para cubrir dichas cantidades y se acreditaría la insolvencia del imputado se careciera de ellos. Tras señalar Crespo los bienes de los que era propietario, el juez ha decidido proceder al embargo preventivo de todos ellos.

La medida incluye una vivienda en la ciudad de Valencia que incluye dos plazas de aparcamiento y un trastero, otra vivienda en Manises, dos vehículos y 48 bonos de la Generalitat valorados en 48.000 euros. Puesto que estos bienes, a la espera de la tasación pericial, pudiera ser que no sean suficientes para cubrir la fianza, el juez ha ordenado también embargar una plaza de garaje y el saldo de seis cuentas bancarias de Bankia y La Caixa cuyo titular es el que fuera hasta hace unas semanas alcalde de Manises y vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia.

Traductoras rumanas

Por otra parte, el juez ha emitido una providencia en la que se da cuenta del escrito de la Policía Judicial por el que se informa de que Liliaca Mariana Negrut, una de las supuestas traductoras rumanas, se encuentra en paradero desconocido por lo que ha ordenado que se expidan las requisitorias para averiguar su paradero así como el de las demás personas alojadas en diversos hoteles por cuenta de Emarsa y de las que el que fuera gerente de la empresa pública, Esteban Cuesta, dijo que prestaron servicios para Emarsa como traductoras.

En la misma providencia, fechada el 20 de marzo, el magistrado da orden para que se remita al Grupo de Documentoscopia de la Policía varios contratos firmados por Cuesta y por Juan Carlos Gimeno, uno de los proveedores de Emarsa investigados en la causa, para que averigüen si se falsifico la firma de alguno de los dos.

El juez Ríos ha pedido asimismo que se intente determinar si los contratos se expidieron en la fecha en la que consta o si se redactaron después y se les puso una fecha anterior. En concreto, se trata de cuatro contratos firmados supuestamente por Gimeno y Cuesta los días 21 de octubre de 2004, 21 de octubre de 2008, 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010.

Además, en la providencia se da cuenta del escrito de unos de los inspectores judiciales que presta auxilio judicial en estas diligencias previas sobre la necesidad de disponer en el juzgado de los libros de contabilidad, en formado de libros de mayor, de los años 2004 a 2010 de varias de las mercantiles investigadas. En base a ello, el juez da orden de recabar los libros de contabilidad de esos ejercicios de las empresas Sofitec Informática, SL, Microprocesadores Valencia, SL, Construcciones y Reformas Rocafort, SL, Construcciones Valsebe, SL, Mantenimientos Valmasmark, SL, Llar Calzada, SL, Rehabilita Aqua, SL, Acra 575, SL, Orba 68, SL, CRM Adecua, SL, Área Este, SL, Dos Grados Network, SL, Sanitar, SL, e Instituto de Empresa del Mediterráneo, SL.

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