El juez del caso Emarsa ha accedido a la petición del fiscal de imputar en la causa, como supuestos autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos, al exdirector de Contabilidad de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo Santos Peral y al exjefe de compras Ignacio Martínez.
En un auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia requiere a la alcaldía del barrio de Pinedo que informe si entre julio de 2004 y julio de 2010 recibió algún tipo de donativo de Emarsa y, en caso afirmativo, justifique el cobro del mismo.
También pide a la alcaldía de barrio de Benimàmet que informe al Juzgado si organizó cenas con motivo de las fiestas patronales en una conocida discoteca de la zona durante el tiempo que fue alcalde pedáneo Esteban Cuesta, y que aporte los posibles documentos y justificantes acreditativos.
El juez requiere asimismo a El Corte Inglés que aporte todas las facturas emitidas a Emarsa entre 2004 y 2010, así como el justificante de cobro de las mismas.
Santos Peral e Ignacio Martínez han sido ya llamados a declarar como imputados ante el juez los próximos días 29 y 30 de mayo y 3 y 4 de junio, respectivamente.
El pasado mes de enero y aún en calidad de testigo, Santos Peral manifestó ante el juez del caso, entre otras cosas, que "de la noche a la mañana" aparecieron muchas facturas en los archivadores que no habían pasado por su departamento y que contenían errores en las fechas.
En otro auto notificado hoy, el instructor del caso -que avanza ya por los 121 tomos de diligencias previas- deniega el archivo de la imputación de María del Carmen Samper, madre del empresario Jorge Ignacio Roca Samper, unas de las piezas clave en la instrucción del caso y en paradero desconocido, por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Además, el juez Vicente Ríos acuerda el embargo preventivo de diversos bienes propiedad de la entidad Argan Reciclaje, Tecnología y Gestión SL para cubrir la fianza de 2, 7 millones de euros impuesta a su administrador e imputado en la causa José Luis Sena Gimeno.
