El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el Caso Imelsa ha acordado que pieza principal seguirá estando secreta hasta el próximo 14 de mayo. En esta pieza principal hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el ex presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y otros ex altos cargos de varias Administraciones, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas, cada una de ellas, por varios tomos.
Respecto a la pieza separada que investiga un posible delito de blanqueo de capitales a través del grupo municipal del PP de Valencia, el instructor del caso volverá a tomar declaración al concejal Cristóbal Grau y a tres trabajadores del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, investigados en la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Los tres investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) tendrán que comparecer ante el juez el 22 de abril. Uno de estos investigados ya había sido citado para comparecer el pasado viernes, pero su declaración se dejó sin efecto a petición de su defensa.
El día 22 también ha sido citado para declarar, en calidad de testigo, el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, esposo de la ex concejal de Cultura, María José Alcón, imputada en la pieza separada (blanqueo) y en la pieza principal por un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales.
En la pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita. En el marco de esas diligencias, el juez ha dictado una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de la capital “la relación completa de las personas que trabajaban en marzo de 2015 como asesores de los concejales del Grupo Municipal Popular, de la Alcaldía y de Vice-Alcaldía, con indicación de la vinculación correspondiente a cada uno de ellos”.
El magistrado, a petición del fiscal, ha requerido el auxilio del Tribunal de Cuentas y, además, pregunta al órgano interventor del Consistorio si la cuenta bancaria abierta a nombre del Grupo Popular “era una cuenta objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia”.
En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 suspende la declaración de la testigo que debía acudir mañana, esposa de uno de los asesores investigados, al no haberse recibido aún la información bancaria que le fue requerida a una entidad.
