El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, ha acordado prorrogar un mes más, hasta el 14 de julio, el secreto que pesa sobre la pieza principal del Caso Imelsa.
En el auto, notificado hoy a las partes, el instructor justifica su decisión en el hecho de que aún no se ha procedido al volcado de los dispositivos informáticos intervenidos por la Guardia Civil en los distintos registros domiciliarios practicados el pasado mes de enero.
El magistrado, de conformidad con el fiscal, considera que la nueva prórroga es necesaria a efectos operativos, teniendo en cuenta el volumen de información, los medios con los que cuentan los agentes y las dificultades de traslado y coordinación.
A este respecto, el juez confía en que durante el próximo mes de vigencia de la prórroga se pueda practicar esa diligencia. En ese tiempo, espera recibir también los informes realizados por la Guardia Civil sobre el material ya analizado.
El volcado sucesivo de la información no implica, según se recoge en el auto, un retardo del análisis de la misma porque la limitación de medios personales hace que hasta que no se concluya el trabajo con la ya volcada no se puede acometer la misma labor sobre la restante. Esta circunstancia no impide que el Juzgado siga practicando diligencias en las dos piezas que no están bajo secreto, en las que se investigan hechos susceptibles de enjuiciamiento separado.
Hasta el momento, el Caso Imelsa se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita y la de las contrataciones de indemnizaciones irregulares en el seno de Imelsa.
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
En el Caso Imelsa hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
