El juez del Caso Imelsa interviene la cuenta bancaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del Caso Imelsa, un supuesto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha ordenado la intervención de la cuenta bancaria abierta a nombre del Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipal de 2015, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

La medida cautelar adoptada por el instructor afecta a la cuenta bancaria en la que supuestamente se ingresó el dinero blanqueado. El magistrado, en su auto, requiere al banco para que comunique el saldo actual de dicha cuenta, para que precise la identidad de las personas autorizadas y para que impida “la realización de actos de disposición con cargo a la misma”.

El juez rechaza la petición del fiscal para que se intervenga otra cuenta, la que está a nombre de uno de los investigados para gestionar los ingresos procedentes de la lotería. “No se aprecian motivos, de momento, con relación a la presente causa y delito investigado, para la intervención de la citada cuenta”, explica el juez en una providencia en la que, sin embargo, solicita a la entidad bancaria la relación de movimientos registrados desde la apertura de dicha cuenta.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del Caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.


 
 
 

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