El juez del Caso Imelsa impone medidas cautelares y fianzas de entre 1 y 2 millones para Rus, Medina, Caturla y Llopis

El juez que investiga el Caso Imelsa ha decretado libertad provisional bajo fianza para los últimos cuatro detenidos en la operación Taula del pasado martes y a los que se considera pieza clave de la supuesta trama corrupta: el ex vicepresidente de la Diputación, Alfonso Rus, en libertad bajo fianza de dos millones, al igual que el ex director general de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente primero y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina, y el ex jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis. Estos últimos, con una fianza de 1 millón de euros.

Asimismo, el juez, aunque considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de documentos, ha impuesto como medida cautelar a estos cuatro ex altos cargos la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Estos cuatro ex altos cargos del PP han sido los últimos de los 24 detenidos en declarar ante el juez. Todos ellos han quedado en libertad provisional. A 14 se les ha impuesto una fianza pecuniaria (no carcelaria) como medida cautelar para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados. Las fianzas van desde los 15.000 euros exigidos al ex diputado David Serra hasta los 2 millones de fianza de Rus y Caturla.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia, estas fianzas no son para eludir la cárcel sino de responsabilidad civil, para hacer frente a una supuesta condena en el caso de que sean declarados culpables tras el juicio. Tanto Rus como otros 21 de los 24 detenidos se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez.

Anoche, los últimos cuatro detenidos salieron del juzgado y ante los medios de comunicación, Rus aseguró que todo es “un montaje” y anunció que ya diría de quién. Además, señaló que se siente “totalmente inocente” y que lo ocurrido “no es normal”.

La operación Taula se ejecutó el pasado martes en las tres provincias de la Comunitat contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de esta región sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La causa, declarada secreta, está abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.


 
 
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *