El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga las supuestas contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia en una pieza separada del Caso Imelsa, ha acordado sobreseer provisionalmente la causa respecto de siete de los trabajadores investigados por los contratos ficticios y las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con la empresa pública dependiente de la Diputación.
Según el auto, notificado hoy a las partes, las sospechas de que pudo existir algún tipo de “maquinación concertada” entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un “innecesario y arbitrario enriquecimiento” a costa del erario público han quedado “desvirtuadas” con las declaraciones de los investigados y con la documentación aportada por la propia empresa.
La causa se mantiene abierta contra uno de los imputados, que aún no ha declarado en el Juzgado, y contra su hijo, representante sindical en Imelsa, que reconoció ante el instructor haber intervenido en las conversaciones con la empresa a propósito del despido de su padre.
El sobreseimiento parcial acordado en esta pieza separada del Caso Imelsa tampoco afecta al ex director financiero de la empresa respecto de quien, según el instructor, “la investigación debe mantenerse y depurarse en lo concerniente a las sumas percibidas de Imelsa en concepto de retribución variable y dietas”.
En las diligencias, además, mantienen la condición de investigados (imputados) 14 contratados de los 15 trabajadores de los que se sospecha que percibían un salario de la empresa sin desempeñar actividad laboral alguna para la misma. El instructor ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto de uno de ellos, un asesor. Concluye que no simuló la relación laboral con Imelsa, pero advierte, no obstante, que su situación procesal podría variar en función del resultado que arrojen las diligencias acordadas en la pieza principal en la que se investiga la contratación de asesores.
Tras la decisión adoptada hoy por el magistrado, esta pieza separada por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental se dirige contra 21 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent; el ex director financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo contrataciones bajo sospecha.
En esta pieza separada figura también como imputado el responsable de una empresa de comunicación, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Tanto el ex presidente de la Diputación como el responsable de la empresa de comunicación tienen la condición de investigados (imputados según la denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); lasempresa y el club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.
Hasta el momento, el Caso Imelsa se estructura en una pieza principal, aún secreta, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita y la de las contrataciones y finiquitos irregulares en Imelsa.
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
En el Caso Imelsa hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
