El juez del caso Emarsa rechaza el recurso de reforma presentado por Morenilla y reitera su imputación

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El magistrado del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, que investiga un agujero de 25 millones de euros en el conocido como ‘caso Emarsa’, la empresa encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, por lo que confirma su imputación en la causa, al considerar que existen indicios de su participación en la trama.
Así lo apunta el magistrado, en un auto de fecha de este miércoles, contra el que cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días. Según señala en el escrito, Morenilla “ha sido imputado en este momento del proceso por su presunta participación en los hechos que se encuentran relacionados con la gestión de lodos procedentes de Pinedo” y que se encomendó a las empresas de Jorge Ignacio Roca y a Notec.

Considera que de la documentación obrante en las actuaciones y de la remitida por la Epsar “se puede observar una ocultación de las empresas gestoras del lodo en todos y cada uno de los partes relacionadas con esa actividad”, en una entidad en la que Morenilla ejerció las funciones de gerente durante todo el periodo objeto de investigación.

En el auto, de 44 páginas, el juez hace un repaso al sistema de facturación a Emarsa por la gestión de los lodos a través de empresas intermedias y de las declaraciones de los principales cargos de la empresa que implicaban a Morenilla. Así, cita al que fuera director financiero, Enrique Arnal, quien declaró el pasado mes de febrero que era “evidente” que solo Morenilla, Bernácer –Ignacio, exjefe de explotación de Epsar–y Enrique Crespo –exalcalde de Manises y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y del Consejo de administración de Emarsa– “disponían de los medios necesarios para organizar la trama y enriquecerse de forma desmedida”.

Este imputado aseguraba que se había ingeniado una estructura para repartirse hasta 180.000 euros mensuales desde 2005, según sabía por el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta. Estas manifestaciones, según el magistrado, se deben poner en relación con las del imputado Sebastián García ‘Chanín’, exinformático, quien ratificó las declaraciones del anterior y dijo que Cuesta le enseñó unas cajas de cartón con billetes que llevaba en el maletero y debía dejar primero en la Epsar y posteriormente en el Ayuntamiento de Manises.

Asimismo, cita otras declaraciones de Cuesta en las que dijo que todos los que intervenían en lodos “Roca, Morenilla, Bernácer y mi presidente Crespo, están mucho tiempo antes de mi llegada a Emarsa y el sistema existía desde antiguo”. Según el instructor, todas y cada una de estas afirmaciones “deben ser comprobadas para ver si se ajustan o no a lo acaecido pero lo que en modo alguno cabe es ignorarlas”.

El magistrado hace referencia en el auto al convenio firmado en 2004 entre la Epsar, Emshi y Emarsa para la financiación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, que creaba una comisión de seguimiento que debía proponer la actualización de los costes y cuya composición —en la que debía estar preceptivamente un técnico de Emshi– solo fue respetada en las dos primeras reuniones. Este hecho, según el fiscal, deberá ser investigado.

Esta comisión aprobaba la propuesta de costes de explotación, que fue ascendiendo año a año. En el caso de 2005, se aprobó por 11.132.260 euros, un importe superior en un 41, 90 por ciento al de 2004 (3.287.203 millones más), motivado en los consumos de energía eléctrica y en un incremento de la partida de ‘varios’ para adecuarla a los costes de mercado, sin especificar. No obstante, en uno de los documentos se señala que incluye gastos relativos a material de oficina, de laboratorios y otros.

Según el juez, existen indicios de que ese incremento en la financiación “es el que pudiera haber sido empleado por algunos de los responsables de Emarsa, hoy imputados, para fines personales completamente ajenos al servicio público al que estaban adscritos”.

Así, añade que corresponde determinar si el desvío “fue autorizado y consentido” por los responsables de Epsar y el presidente de Emshi “o se permitió por estos omitiendo las funciones de control y supervisión que les correspondían, como parte de los servicios prestados por los responsables de Emarsa, al facilitar la trama de la gestión de los lodos por la que, según manifestaciones de algunos de los imputados, se beneficiaba directamente a estas tres personas”.

En esta línea, apunta que esta autorización en el incremento de la financiación coincide con el inicio de las “graves irregularidades no controladas y claramente evidentes” en la gestión de Emarsa, como son la prestación de servicios de algunas de las empresas investigadas, encargadas del mantenimiento de obras civil de la planta y el de las instalaciones informáticas.

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