El juez de Emarsa imputa al jubilado de Aldaia y a sus hijos en una pieza separada por blanqueo de capitales

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El titular del Juzgado Nº 15 de Valencia, que instruye las diligencias previas del conocido como caso ‘Emarsa’ destinado a aclarar un posible desvío de fondos públicos, ha ordenado abrir una pieza separada -la número 7- por blanqueo de capitales contra el jubilado de Aldaia y sus dos hijos que, al parecer, recibían dinero del fugado y principal acusado en la principal causa Jorge Ignacio Roca Samper.

Vicente Gil y sus hijos Vicente José y María Yolanda Gil Blay, propietarios de dos fábricas ubicadas en Aldaia -Abanicos Gil y Blay y Creaciones Coscollar-, ya estaban imputados en la causa principal pero, tras oírlos en declaración, el fiscal solicitó la apertura de una pieza separada en la que se les tuviera por imputados en un delito de blanqueo de capitales.

Según la petición de la Fiscalía, los hechos que se les imputan son la adquisición de dinero cuya procedencia lícita es “altamente dudosa”. Según el fiscal, “estos fondos les fueron entregados por Jorge Ignacio Roca Samper […], mediante ingresos en efectivo” en una cuenta que cuyos titulares eran los tres imputados, sumando un total de 690.108.50 euros.

El fiscal relata que, una vez realizado el ingreso correspondiente, este dinero era empleado por los imputados para abonar mercancía a proveedores situados en la República Popular de China, colocando de esta manera fondos de procedencia ilícita en el circuito económico.

Paralelamente, estas mismas entregas de dinero eran reintegradas por los imputados a Roca en la localidad de Aldaia, empleando para esta devolución dinero procedente de ventas no declaradas. “Este mecanismo anómalo e irregular en la realización de operaciones de entrega de fondos que no responden a ningún tipo de actividad mercantil ajustada a derecho, permitía a Roca disponer en España, concretamente en Valencia, lugar en el que residen los principales imputados del llamado caso ‘Emarsa’, del precio facturado a la empresa pública por el servicio de gestión de lodos, que en realidad no prestaba”.

Por ello, el juez ha decidido abrir la pieza separada número 7 en la que se tienen como imputados a estas tres personas por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Asimismo, el juez ofrece a la Emshi, a la Generalitat y a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la pieza separada como acusadores particulares por ser eventuales perjudicados por los hechos que se imputan a estos vecinos de Aldaia.

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