Un ebanista, artesano y jubilado de Aldaia y sus dos hijos, titulares de dos empresas ubicadas en este municipio, han sido imputados en el conocido como caso Emarsa, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través de la gestión de la depuradora de Pinedo, por ayudar a blanquear el dinero desviado con la compra de material en China para fabricar sus productos.
Así consta en un auto con fecha 3 de diciembre de 2012, en el que se ordena citar a estas tres personas, Vicente Gil Usedo y Vicente José y María Yolanda Gil Blay, a declarar en calidad de imputados como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales, y se requiere que se recabe la hoja histórico penal de los tres nuevos acusados.
Además, el juez ordena investigar el patrimonio de los tres imputados, además de los ingresos y gastos de las mercantiles Abanicos Gil y Blay, SL y Creaciones Coscollar, SL de los ejercicios 2009 y 2010. Las dos empresas, ubicadas en Aldaia, eran propiedad de los acusados.
El magistrado ha acordado esta medida tras solicitarlo el ministerio Fiscal en base a un informe de la Policía de Andorra de fecha 24 de septiembre de 2012. Según consta en este escrito, tanto el empresario jubilado como sus dos hijos abrieron una cuenta el 4 de julio de 2006. Asimismo, el padre abrió otra cuenta junto a Roca en octubre de 2010, en la que constaba como titular la mercantil constituida en Panamá ICTC Iberika SA.
Cuando abrió la cuenta, el empresario manifestó en un cuestionario confidencial que era ebanista, jubilado, fabricante de abanicos y de 'souvenirs' españoles y afirmó que los motivos para abrir una cuenta eran de naturaleza fiscal, ya que tenía previsto realizar transferencias correspondientes a cobros y pagos de facturas no declaradas. Por su parte, Jorge Ignacio Roca también era apoderado de otra cuenta bajo la titularidad de la mercantil Hesse Darmstadt INC.
Según consta como probado en el informe policial, en la cuenta abierta por Roca y Gil se ingresaron, entre el 1 de octubre de 2009 y el 28 de abril de 2010 un total de 690.108, 50 euros procedentes de la cuenta Hesse. Este dinero y otras sumas se transfirieron luego por los denunciados a proveedores, fundamentalmente empresas chinas.
En este sentido, la fiscal considera que existen "sospechas fundadas" para considerar que los fondos ingresados en la cuenta de los denunciados son fondos públicos procedentes de Emarsa, puesto que esta entidad ingresó a Roca diferentes cantidades de dinero a través de distintas mercantiles por el supuesto tratamiento de lodos.
Según el Ministerio Fiscal, el procedimiento empleado era que una de las empresas de Roca, Printergreen, SL, recibía una transferencia de Emarsa por tratamiento de lodos. Ese mismo día, parte de los fondos se enviaban a la mercantil Walnut Grove LTD, con cuenta en Malta y, de aquí, se remitían a la mercantil Hesse, con cuenta en el Principado de Andora. Desde la cuenta de esta última entidad, se hacían transferencias a la cuenta que tenían en común Gil y Roca.
Los ingresos en la cuenta de los denunciados no parecen responder a la realización de actividad comercial alguna por parte de Roca o de cualquiera de sus empresas en Andorra. Así, "se observa que la única misión de las cuentas de Hesse ha sido la de recibir transferencias de dinero desde Malta para su posterior reintegro en efectivo o para su traspaso a la cuenta de las personas denunciadas", mantiene el escrito.
Según estima el juez, gracias a la intervención de los tres nuevos imputados en el conocido como caso Emarsa, el dinero procedente "ilícitamente" de la empresa pública fue colocado en el circuito económico, "empleándose para el pago de los distintos proveedores de sus empresas en España".
La fiscal también señala en su escrito la posible vinculación personal de Vicente Ros, José Luis Sena y Enrique Sena, tres de los ya cuarenta imputados en este procedimiento, con Vicente José Gil, ya que todos ellos pertenecían, al menos en el año 2004, a los 'Clavaris del Crist' de Alaquàs.
Esto, a juicio del ministerio público, "abonaría la hipótesis de que nos hallemos ante actos tendentes al encubrimiento o enmascaramiento del origen ilícito de los fondos públicos presuntamente malversados, a través de lo que se denomina como una operación por compensación u operación triangular". El magistrado, tras estudiar estas afirmaciones, ha decidido imputar a las tres personas aludidas por la fiscal.
