De forma paralela a las investigaciones que se desarrollan en la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Torrent sigue intentando depurar responsabilidades políticas en el llamado Caso Uniformes con una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades de la contratación de la uniformidad policial por un valor de 205.000 euros. En la sesión celebrada ayer, se desveló que el concejal de Seguridad Ciudadana había sido advertido de la ilegalidad de varios puntos del pliego.
Según han informado a Hortanoticias fuentes presentes en la citada comisión, meses antes de la adjudicación, una de las empresas se reunió con el concejal de Seguridad Ciudadana y el jefe de la policía. “En esta reunión se alerto a ambos de la ilegalidad del pliego en varios puntos”.
Ante las advertencias de la empresa, el jefe de policía de Torrent, el Intendente Eduardo Martínez comunicó, siempre según las citadas fuentes: “nosotros vamos a ser valientes y a seguir adelante”, en referencia al cambio de color. Ante estas afirmaciones , el empresario les advirtió que de ser así, la licitación sería recurrible por incumplir la ley, Martínez le respondió entonces que, “en el caso de que alguna empresa interpusiese algún recurso, digamos que no tuviese a bien permitir que el pliego saliese, el Ayuntamiento tiene medios para revisar si los contratos de esta empresa con otros municipios se ajustan a la ley”, todo ello delante del concejal socialista de Torrent, José Antonio Castillejo.
En dicha reunión también se preguntó tanto a Martínez como a Castillejo que por qué la descripción de una bota en el pliego era un “copia y pega” de las características técnicas que ofrece la empresa a la que finalmente se le ha adjudicado el contrato. “Me contestó que había cogido la etiqueta de una bota que tenía por ahí y eso es lo que había puesto, a mí me extraña que en una bota quepan diez líneas de descripción técnica”, según el compareciente, gerente de una de las empresas aspirantes a conseguir el contrato.
Fuentes de la comisión informan que para finalizar su intervención en la comisión de investigación, el gerente de la empresa a la que finalmente no se le adjudicó el contrato calificó todo el procedimiento de “injusto”, manifestando que era la primera vez que ocurría que la diferencia de puntuaciones entre empresas alcanzaba el 80% y aseguró que “nunca había visto algo” como lo ocurrido en Torrent a pesar de trabajar en 421 ayuntamientos de toda España.
