El derribo del histórico restaurante Laika pone fin a años de reclamaciones vecinales y municipales

Después de años cerrado y acumulando basura y escombros, después de años de reclamaciones por parte de los vecinos y después de años dando una degradada imagen a la playa de El Puig, el restaurante Laika ya es historia. Con una puntualidad británica, a las 10:30 horas, comenzó el derribo ante la atenta mirada de las autoridades locales -el alcalde, José Miguel Tolosa, dio la orden de iniciar el derribo- y de numerosos vecinos, curiosos y bañistas que no quisieron perderse el evento.
Tras más de 30 años de historia -los 12 últimos en una situación de abandono- el histórico inmueble del Laika, ubicado en una zona de la playa de El Puig de especial protección de Costas, ya es historia. El Ayuntamiento, tras más de un año y medio de gestiones con lso propietarios con Costas, procedió a derruir el edificio que se ha convertido "en los últimos tiempos en un peligro de salubridad, delincuencia", según explicó el alcalde Tolosa momentos antes de su derribo.

"Los vecinos de la zona se quejan de que el edificio servía para la venta de drogas, los vecinos no querían pasar por sus inmedicaciones, era un nido de ratas y de cucarachas por lo que finalmente vamos a proceder a derruir el edificio y limpiar la zona", según explicó el primer edil.

El Ayuntamiento de El Puig anunció que cobrará a los propietarios del inmueble los 40.000 euros que costó derribar el edificio y anunció su intención de solicitar a Costas -como así se lo solicitaron y recordaron algunos vecinos presentes en el acto de derribo- la construcción del tramo del paseo marítimo que falta por construir en esa zona del restaurante Laica.

Tolosa recordó que el edificio estaba afectado por la Ley de Costas ya que estaba fuera de ordenación, al igual que otras 55 viviendas de pescadores que el Ministerio va a derribar una vez pase el verano ya que concedió a sus propietarios la posibilidad de disfrutar de las viviendas un último periodo estival.

En este sentido, a diferencia que en el Laika, el Ayuntamiento se ha posicionado al lado de los propietarios con los que mantiene conversaciones y reuniones para mediar, en la medida de lo posible, ante el Ministerio ya que el Consistorio no tiene ninguna competencia en la demolición de unas viviendas por las que sus dueños no recibirán ningún tipo de indemnización.